Ese sector está integrado por escuelas, centros de día, centros educativos terapéuticos, centros de rehabilitación, centros de estimulación temprana y servicios de apoyo a la inclusión escolar, hogares, transportistas y profesionales que trabajan con personas que tienen discapacidad.

“Hay dos problemas muy importantes, la falta de aprobación de los tratamientos y las prestaciones; tenemos retrasos en los pagos y no hemos tenido aumento del nomenclador”, denuncia Karina Herrera, referente de la Asociación de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (AFAPPREI).

“Las obras sociales tardan demasiado tiempo en pagar, algunos 60 días, otros hasta un año y en el peor de los casos, nunca pagan”, agrega.

El grupo de prestadores precarizados inició sus primeras movilizaciones en el año 2016: “El 3 de marzo de 2017 nació AFAPPEI”, recuerda.

 

Desde su creación hasta la fecha, el problema con los prestadores parece no tener solución: “Por el momento continuaremos con los reclamos por redes sociales, hemos presentado notas a la Superintendencia de Servicios de Salud (Capital Federal) para pedir que se aprueben presupuestos, pero no hemos recibido respuesta”, asegura Herrera.

Desde el año 2016 varias organizaciones junto a familias de personas con discapacidad se unieron para unificar reclamos con el fin de mejorar la calidad de vida de miles de personas en todo el país.

Entre los espacios que realizaron la movilización están Prestadores Precarizados Salud y Educación; la Asociación Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión (AFAPPREI); Psicomotricistas Autoconvocados; Psicopedadogos en Lucha, entre otras.