El despido de profesionales en el Complejo Esperanza y la Dirección de Violencia Familiar, ambos organismos a cargo del Ministerio de Justicia desde diciembre, desató una ola de críticas de instituciones y un pedido judicial para su reincorporación: mañana habrá una movilización convocada por el Colegio de Psicólogos y otras instituciones de profesionales, y este miércoles la legisladora Liliana Montero (Córdoba Podemos) reclamó mediante un recurso judicial la reincorporación de los profesionales desafectados del sistema penal juvenil.

El lunes, en el inicio de las sesiones de la Legislatura, el ministro de Justicia, Luis Angulo, prometió que los cargos serían ocupados por personal "idóneo", cuestionado así el método de selección de esos profesionales.

Primero el Colegio de Psicológos y ahora la legisladora Montero (quien criticó de manera sistemática la política de minoridad del Gobierno anterior) defendieron el mecanismo de selección e ingreso a la administración pública de esos profesionales.

"La incorporación de los profesionales fue el resultado de un proceso de incorporación serio, comprometido e inédito.La selección incluyó diversas etapas, como las de previsión presupuestaria, convocatoria abierta a postulantes, entrevistas y contratación", dijo Montero en su presentación judicial.

En el proceso de selección de los profesionales que fueron despedidos participaron los colegios de Psicólgos y Profesionales del Servicio Social y la Universidad Provincial. Primero ingresaron 24 socioeducadores, luego 24 trabajadores sociales y, al final del año pasado, los 24 psicólogos (uno renunció al poco tiempo). De esos 72 trabajadores contratados, al menos 23 -los psicólogos- fueron cesanteados. 

“Esviolento que se hayan incorporado profesionales, delineado un trabajo, establecido vínculos y espacios de confianza y que de un plumazo se hayan roto esos espacios, sin siquiera establecer mecanismos de cierre de los procesos vinculares que permitan elaborar la pérdida de esos vínculos establecidos. Los niños, niñas y jóvenes no son objetos, son sujetos y esto parece, paradójicamente, no entender Senaf”, dijo Montero en el escrito judicial.

Este jueves, desde las 18, las entidades profesionales se manifestarán en Colón y General Paz, reclamando la reincorporación de los equipos técnicos. Además de los despedidos del Complejo Esperanza, suman dos  psicólogas y cinco trabajadoras sociales en la Dirección de Violencia Familiar, y cuatro psicólogas, una trabajadora social, cinco abogados y cuatro administrativos en la Secretaría de Trata.

El ministro Angulo sostuvo el lunes que, en todos los casos, los despidos se corresponden con la necesidad de "instrumentar nuevos programas de trabajo". 

En cambio, las entidades profesionales opinan: "Este masivo despido deja en evidencia el vaciamiento de puestos laborales por decisión del Gobernador, esto es desmantelar las instituciones que prestan servicios a la ciudadanía, en temas sensibles tales como niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, mujeres víctimas de violencia de género, y mujeres víctimas de trata de persona".