Unas 30 personas cesanteadas por el Estado provincial durante la última dictadura irrumpieron ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, en reclamo de que se trate un proyecto de ley para resarcirlos por la pérdida de sus empleos. La iniciativa tuvo despacho parcial de otra comisión hace un año y aún no ingresó para el debate en el cuerpo que preside José Russo (MPN). Tras una discusión interna por la sorpresiva visita, los diputados se comprometieron a agilizar la sanción de una norma. El 18 de junio volverán a reunirse con el grupo para conversar sobre los avances.

Los damnificados exigen una “reparación histórica” de la Cámara mediante una indemnización equivalente a 30 veces el salario mínimo, lo que implicaría casi 100 mil pesos por persona. Según explicó Russo, demoraron en tratar el punto por algunas diferencias sobre quiénes deben cobrar. “En el lapso de este año, se ha modificado el listado en varias oportunidades”, remarcó y precisó que actualmente hay tres listas en circulación con 160, 220 y 400 nombres respectivamente.

Observó que, pese a que la Comisión de Derechos Humanos otorgó despacho al proyecto, no existe información precisa sobre las personas que perdieron su empleo durante la dictadura. Agregó que, si bien se puede comprobar quiénes dejaron de trabajar en ese lapso, “no es lo mismo exoneración que cesantía o aceptar la renuncia”.

Russo accedió a acelerar el debate, pero recalcó que tomará el tiempo que considere “para no cometer la torpeza de tratar ligeramente un tema tan profundo”. Advirtió que el oficialismo no aprobará el proyecto sin un listado preciso, “porque sería hipócrita e injusto tirar una pelota embarrada para que otro la cabecee”.

Un reclamo que lleva 15 años

“La complejidad de hacer una ley de este tipo es separar la paja del trigo”, coincidió Raúl Podestá (Frente Grande). El resto de los legisladores acordó en incorporar el proyecto al temario desde la próxima semana y buscar una pronta votación. Darío Mattio (MPN) solicitó, y hubo coincidencia, en “que ninguno de nosotros trate de sacar rédito político de esto”.

Las personas cesanteadas argumentaron que Neuquén es la única provincia que aún no sancionó un resarcimiento pese a que llevan 15 años de reclamo, plazo en el que muchos fallecieron.

“No sé por qué se demora tanto algo que ya es justicia en otras provincias”, planteó Víctor Hugo Reynoso, uno de los damnificados.

Sara Garodnik, otra de las cesanteadas, indicó que “nos humilla tener que venir tantas veces” a pedir lo mismo y subrayó que piden un resarcimiento económico como expresión de disculpa gubernamental “por haber sido echados como perros leprosos”.