El Estado provincial destina, por año, unos 3.200 millones de pesos, casi 1.000 millones de dólares, en subsidios a escuelas de gestión privada. Y así posibilita que estos establecimientos educativos cubran gran parte de sus gastos.

Pese a este multimillonario beneficio, la gran mayoría de estas instituciones estarían incumpliendo la normativa vigente, especialmente en lo que se refiere a las condiciones laborales en la que se desempeñan sus empleados no docentes: personal de limpieza, maestranza, administrativos, etc. Así es como, por ejemplo, un afamado colegio privado de La Plata, que está estrechamente ligado con la práctica deportiva, estaría recibiendo, por año, más de 3 millones de pesos del Estado bonaerense, cuando tiene la totalidad de sus empleados trabajando en negro.

“Solicitamos el quite de subsidios que el Estado provincial viene girando regular y periódicamente a estos establecimientos por incumplir con la normativa legal y convencional que rigen la materia”, dice una carta firmada por Antonio Balcedo, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados

de la Minoridad y la Educación (Soeme), que fue enviada al director general de Cultura y Educación bonaerense, Mario Oporto.

Entre otras irregularidades, desde el Soeme denuncian que se han detectado trabajadores no registrados en numerosos establecimientos y registros parciales tanto en el régimen de jornada como en las remuneraciones declaradas que en todos los casos resultan ser fraudulentamente inferiores a las reales, abonándose parte de los salarios en la más absoluta informalidad y clandestinidad laboral. También existen marcadas falencias respecto a las condiciones de seguridad e higiene de varios de estos establecimientos, que ni siquiera cumplen con los requerimientos mínimos exigidos por ley. Incluso en los consultorios de las delegaciones del Soeme hubo un significativo aumento de las consultas por distintas enfermedades contraídas como consecuencia del trabajo prestado en condiciones de sobrecarga laboral. Eso no es todo: también se detectaron, dentro de esos establecimientos, acciones tendientes a evitar la sindicalización de los trabajadores, que incluyen hasta despidos arbitrarios y persecución de delegados.

Ante el gran cúmulo de irregularidades, desde el gremio informaron que se definirán acciones directas e indirectas en aquellos establecimientos que sigan sin cumplir con la ley.

La carta, firmada por el titular del Soeme, agrega que el 77% de las instituciones educativas privadas (más precisamente 1.559, sobre un total de 2.019 que existen en la Provincia) se encuentran en mora, puesto que no han efectuado el depósito correspondiente de las contribuciones y aportes solidarios establecido en el convenio colectivo de trabajo firmado oportunamente entre el gremio y las distintas cámaras sectoriales: Asociación de Entidades Educativas Privadas de la República Argentina (Adeepra), Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) y Confederación Argentina de Instituciones Educativas privadas (Caiep).

La respuesta del gobierno bonaerense no se hizo esperar. A través de la Dirección provincial de Educación de Gestión Privada, que depende de la cartera que conduce Oporto, se les notificó a los propietarios y representantes legales de cada uno de los establecimientos educativos que tendrán un plazo de un mes (vence el 30 de octubre) para adoptar las acciones tendientes a la regularización de dichos acuerdos. Y también deberán facilitar los medios necesarios para el cumplimiento de los derechos y obligaciones que establece la normativa laboral vigente, en particular el ejercicio de representatividad sindical.