Las autoridades insisten en que no hay trabajadores en negro en los municipios y en las comunas. Los referentes opositores, en cambio, denuncian que el Estado da un fin político a los planes de empleo que financia el Gobierno nacional. Y, en el medio de esa polémica, alrededor de 2.200 tucumanos esperan definiciones respecto de su situación laboral.

En rigor, desde que LA GACETA dio cuenta de que en los municipios de la provincia hay miles de empleados que cobran mediante un programa laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, creado tras la crisis de 2001, la polémica fue en aumento. En su mayoría, estos trabajadores informales perciben sumas que van desde los $ 150 hasta los $ 550. Pero el problema se agrava porque el "Plan de Empleo Local" finalizó el 31 de diciembre y, según averiguó este diario en la Gerencia de Empleo, el poder central no está dispuesto a prorrogarlo bajo las actuales condiciones.

En ese contexto se inscriben las versiones que corren por las oficinas municipales de la capital, según el concejal José Costanzo (Partido Autónomo). "Les están ofreciendo conformar cooperativas, mediante las que cobrarán $ 600 o $ 700", alertó el edil opositor. Costanzo recordó que hace un par de semanas pidió informes al Departamento Ejecutivo respecto del número de trabajadores informales que hay en la capital y las áreas en las que prestan servicios. "Nunca me respondieron. Lo único que busca el intendente (Domingo Amaya) a partir de la polémica generada es desvincular a estas personas de la administración municipal", conjeturó.

Tampoco en la Legislatura pasaron desapercibidas las discusiones respecto de los trabajadores informales y el uso dado por el Gobierno a los planes de empleo, como el "Argentina Trabaja". Puntualmente, el legislador Esteban Jerez (bloque Alberdi) pretende que el Poder Ejecutivo cree un registro público de desocupados y que, de ese listado, salgan los beneficiarios del programa de cooperativas.

En su proyecto de resolución, el ex fiscal anticorrupción consideró que la distribución de los planes se debe hacer sin condicionamientos ni afinidades políticas, religiosas o ideológicas. A tal fin, sugirió, el Estado debe confeccionar un programa integrado por las personas más necesitadas, desocupadas y con familias a cargo. "El único objetivo es que el plan de cooperativas "Argentina Trabaja" cumpla de la mejor manera posible su cometido", planteó Jerez.

También en Las Talitas, la ciudad en la que estalló el escándalo a partir de la denuncia pública efectuada por dos barrenderos, las quejas siguen en aumento. Esta vez, dirigentes del gremio municipal reclamaron al intendente, Luis Morghenstein, que brinde una respuesta a los planteos administrativos de los empleados informales. "No es con obra pública edificada sobre cimientos de esclavitud e indignidad, o con horas extras violatorias del estatuto municipal como se construye a futuro. Se deben respetar los derechos laborales", sentenció el secretario de finanzas del sindicato talitense, Héctor Hugo Córdoba.