Para Pinto, los funcionarios de la obra social deben explicar la procedencia de los bienes ante las fuertes sospechas de enriquecimiento ilícito que pesan sobre algunos responsables de conducir OSEP.

El letrado sostuvo que de la investigación de la AFIP a la droguería santiagueña LIBRA, que proveía de medicamentos oncológicos a OSEP, se desprenden otros delitos. “Para mí hay administración fraudulenta, porque si se compraba a quien no estaba autorizado para vender y se manejó cheques sacándolos del circuito financiero lógico para evitar el debido contralor, todo esto a sabiendas, ya estamos hablando de una administración desquiciada”, advirtió Pinto.