El Concejal Luciano Leiva realizó, junto a los Concejales Ángel Piaggio y José Luis Lespinard, de la Ciudad de Santo Tomé, una presentación ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia, solicitando su intervención a fin de resguardar los derechos de los usuarios de la Autopista Santa Fe – Rosario, específicamente de aquellos que utilizan los accesos Santo Tomé y Sauce Viejo.

Dicha presentación, está fundada en el perjuicio económico que se ocasiona a una gran cantidad de ciudadanos que, cotidianamente, hacen uso del tramo Santa Fe – Santo Tomé de la autopista, dado que en virtud del acto de concesión de dicha vía de comunicación a la empresa ARSSA, se produjo un significativo aumento en la tarifa del peaje.

Concretamente, se cuestiona la proporcionalidad del aumento, que es mayor para aquellos usuarios que utilizan los accesos mencionados. Con las tarifas vigentes, el costo de transitar desde la ciudad de Santa Fe hasta la ciudad de Rosario, para los vehículos de las categorías 2 y 3, pasó de siete ($7) a doce ($12) pesos, representando un aumento del 71%. En tanto el costo del peaje desde Santa Fe hasta los accesos de Santo Tomé y Sauce Viejo, pasó de un peso ($1) a dos pesos con cuarenta centavos ($2,40), lo cual representa un aumento del 140%.

Esto implica que, el costo de circular por los accesos es proporcionalmente mayor que el de viajar por la red troncal de la autopista. Los usuarios que utilizan el tramo Santa Fe – Rosario, deben pagar $0,076 por cada kilómetro transitado, mientras que aquellos que recorren el tramo Santa Fe – Santo Tomé o viceversa, deben pagar $0,240 por cada kilómetro transitado, es decir aproximadamente un 250% más.

En síntesis, considerando que el tramo Santa Fe – Santo Tomé es utilizado a diario por muchos ciudadanos, por motivos laborales, familiares, deportivos o recreativos y que estos deben afrontar una situación de manifiesta desigualdad en relación a quienes utilizan la red troncal de la autopista, sin que medien razones de hecho y de derecho para justificarla, se ha solicitado urgente intervención al Defensor del Pueblo de la Provincia para que adopte las medidas y/o acciones administrativas y/o judiciales que correspondan a fin de proteger los derechos e intereses de los usuarios.