Teniendo en cuenta este punto, opinaron que el tratamiento preferencial que recibe la prestataria debería tener un correlato en la adecuada información pública y en el destino de los fondos. “De no ser así, la exención sería un privilegio que, como todos los privilegios, irrita y corroe la credibilidad pública”, enfatizaron.

Asimismo, indicaron que “constituye una verdadera odisea conocer el cuadro de inversiones de ABSA para nuestra ciudad y región, que se supone con participación estatal mayoritaria de la provincia de Buenos Aires”.

“Los continuos desperfectos en la red, las tardías e incompletas reparaciones en diferentes lugares de la ciudad, hacen dudar hacia dónde se orientan los recursos”, insistieron.

Y concluyeron: “no debe olvidarse que estando vigente la declaración de emergencia hídrica, la Provincia de Buenos Aires, que está obligada a ello, financia, por ejemplo, las fuentes alternativas como los pozos de Cabildo”.

“Aguardamos la debida información para ir llenando los casilleros de la verdad”, sentenciaron.