Además señalaron que la ley 6028 fue sancionada “en plena retirada de doce años de gestion aliancista y luego de que el resultado eleccionario le había sido desfavorable”. Según esta postura, sancionar una norma así cuando ya había sido elegido un nuevo gobernador, y hacerlo sin las debidas previsiones presupuestarias para contener alrededor de 6 mil trabajadores, era una decisión orientada a condicionar al nuevo gobierno, aunque condenada al fracaso.

Como dato aleatorio, recordaron que cuando el Superior Tribunal de Justicia chaqueño rechazó la acción primaria planteada por el Ejecutivo, no determinó que el beneficio de la 6028 debía ser inmediato, “sino que los pases a planta debían concretarse en la medida de las posibilidades presupuestarias”. Con todo, la nueva ley 6655 es la herramienta jurídica en la que, con el aval unánime de los diputados, el Gobierno ha puesto sus expectativas más serias.

NO NOS NOTIFICARON

Por su parte, el ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini, dijo a través de un parte oficial que hasta ahora la provincia no recibió ninguna notificación sobre el presunto fallo de la Corte, pero que en cualquier caso “la ley 6655 contempla integralmente los derechos de todos los trabajadores de la Administración Pública chaqueña”. De todos modos se reservó la duda razonable: “la Corte Suprema de la Nación no avaló el fallo del STJ: simplemente dijo que no hay una cuestión federal. Por tanto, no interviene y devuelve el fallo sin expedirse sobre el fondo de la cuestión”.

De cualquier manera agregó que la cuestión es “abstracta”, ya que los derechos de los trabajadores están amparados por la ley recientemente promulgada de regularización del empleo en la administración pública.

CONTRA MALDONADO

Finalmente cargó contra el legislador radical que había calificado el fallo como “el triunfo de los trabajadores y de la República”, y “la derrota de la arbitrariedad, el sectarismo y la injusticia”.

“El diputado Maldonado nos tiene acostumbrados a este tipo de manifestaciones”, señaló. “Lo que en todo caso triunfó fue aquella pésima práctica gubernamental política como es, antes de retirarse, el nombramiento de empleados de planta y condicionar de ese modo a la gestión siguiente. Tuvieron 12 años para designar a estos trabajadores y terminaron haciéndolo en la última gestión de gobierno”.