Los fondos, de acuerdo al proyecto, provendrían del pago de una inscripción y un canon anual a los comercios mayoristas y minoristas.

Acompañado del titular de la Federación Económica del Chaco, Roberto Lugo, empresarios del rubro y del asesor tributario Jorge Christiani, el vicepresidente de la Cámara de Comercio capitalina, Elian Jovanovich, planteó la imposibilidad de que el empresariado Pyme asuma el millonario costo que representa para el sector.

Invitó en ese sentido a calcular el impacto que tendrá el nuevo tributo que podrá alcanzar a unos 15000 comercios habilitados en toda la provincia con imposiciones en concepto de canon que van desde los $ 300 para almacenes a los $ 2500 para bares y locales bailables.

"Estamos de acuerdo con los resultados del programa Noche Segura, pero no podemos aceptar que la financiación de este se haga caer sobre las espaldas del comercio PYME" señaló sobre uno de los programas que se pretenden financiar con el canon y el cobro de la habilitación anual en el registro.

"La actualidad económica es muy complicada y el comercio ya paga impuestos provinciales como Ingresos Brutos y nacionales como Ganancias, y ya no puede seguir soportando más carga", señaló Jovanovich, remarcando el apoyo de la entidad a los programas de seguridad y al espíritu de controlar el expendio de bebidas alcohólicas que, insistió, deben ser financiados desde el presupuesto estatal.

"El Decreto 516/2010 es de una ilegalidad manifiesta", opinó el especialista tributario Jorge Christiani, anotando que no es atribución de la Constitución del Chaco o del Ejecutivo fijar impuestos, que sólo se pueden establecer mediante una Ley, ya que aseguró que la legislación (Ley 5909) marco que crea el Registro, "no habla del cobro de ningún impuesto, ni hace referencia a que el financiamiento del Registro va a estar dado por un canon".

El presidente de la Federación Económica del Chaco, Roberto Lugo, anotó en tanto el serio perjuicio que suma el tributo a la renta PYME, asediada desde los últimos años con la permanente creación de nuevos impuestos. "Otra vez se va a tocar el bolsillo de las Pymes" anotó Lugo evitando abrir juicios de valor sobre los programas de seguridad en cuestión que, subrayó, tienen un diseño plenamente estatal y eventuales resultados que se evaluarán en la gestión de gobierno.

Empresarios asociados a la entidad capitalina, como Marcelo Abraham y Horacio Marassi, sumaron argumentos en contra que reiteraron la imposibilidad de que las empresas minoristas asuman los costos de los programas de seguridad con nuevos impuestos que se suman a los que ya pagan. También en representación de los bares y confiterías de Resistencia, Marassi apuntó que los programas de prevención de las adicciones son materia de salud pública y objetó el criterio de designación de las categorías establecidas en el impuesto.

Jovanovich adelantó que la entidad pretende seguir negociando la aplicación del Registro la próxima semana con el subsecretario de Gobierno, Culto y Registros Públicos, José Mongeló, pero reservó la posibilidad de plantear incluso el tema a nivel judicial, dado el urgente reclamo de muchas empresas asociadas a la entidad.

EL NUEVO IMPUESTO

El Decreto 516 de marzo pasado determinó el valor del canon y la habilitación anual en el registro de expendedores bebidas alcohólicas considerado en la Ley 5543 y su modificatoria 5909, reglamentadas oportunamente por el Decreto 3916/08.

Almacenes, autoservicios y despensas de toda el Chaco deberán asumir el pago a la provincia de un canon anual de medio salario vital y móvil más $ 300 de habilitación anual para poder vender bebidas alcohólicas. La reglamentación del registro provincial para el expendio, venta y comercialización de bebidas alcohólicas, estableció escalas para los diferentes tipos de comercios obligando el pago anual de hasta dos salarios.

El Decreto 516 estableció ahora cinco categorías para el cobro del canon anual y la habilitación correspondiente. La clasificación alcanza también a todos los establecimientos que realicen ventas mayoristas o minoristas en superficies mayores a los 500 metros cuadrados, a pizzerías, restaurantes, parrillas, bares confiterías, pubs, locales y confiterías bailables, llegando a un canon anual de hasta dos salarios mínimos vitales y móviles más una habilitación anual de hasta $ 2.000.

El tributo será asignado a la Subsecretaría de Gobierno, Culto y Registros públicos para financiar los programas Noche Segura y Prevención Comunitaria de Adicciones, y para solventar también los mismos gastos administrativos del Registro de Expendedores de Bebidas Alcohólicas.

Las empresas tendrán desde ahora un plazo de seis meses para tramitar su habilitación en el Registro y un plazo de 45 días para completar el trámite una vez que lo inicien.