El fiscal general adjunto de la ciudad, Luis Cevasco, adelantó que presentará un recurso contra la decisión de la magistrada, “porque desestimó los pedidos de detención sin evaluar las pruebas aportadas”.

Las solicitudes de detención habían sido dictaminadas contra los “delegados” Antonio Marcelo Chancalay y Diosnel Pérez Ojeda, este último presidente de su junta vecinal; Luciano Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa; Noemí Mónica Ruejas y Berta Elizabeth Revilla, del barrio Los Piletones; y Alejandro "Pitu" Salvatierra, de Villa Soldati.

Los fiscales habían solicitado, también, el allanamiento de las viviendas de los supuestos organizadores de la “usurpación”, tal como ellos calificaron la ocupación del predio.

La jueza evaluó que la situación derivada de la toma del predio “excede el marco del derecho penal” porque se trata de una “cuestión social” que debe resolverse por otra vía.

La magistrada afirmó que el derecho penal no debe ser empleado para criminalizar conductas relacionadas con la pobreza.

Nazar agregó que, como no hay delito, solicitará al Ministerio público fiscal que disponga el archivo de la causa.