Roque Rueda, invocando carácter de habitante y concejal de la ciudad de Salta, había pedido a la Corte que se declare la inconstitucionalidad de las delegaciones que facultan al Ejecutivo a modificar asignaciones sin pasar por el Concejo Deliberante, como así también de los llamados gastos reservados.

Sobre el primer punto, el voto mayoritario de los jueces María Cristina Garros Martínez, Gustavo Ferraris, Abel Cornejo y Guillermo Catalano declaró abstracta la cuestión, por tratarse del presupuesto 2010, el cual ya ha sido ejecutado.

En esa misma línea votaron los jueces, Guillermo Posadas, Sergio Fabián Vittar y Félix Díaz, quienes coincidieron en que el planteo por los superpoderes devino en abstracto, aunque cuestionaron la delegación de facultades legislativas.

En torno al segundo punto planteado, sobre gastos reservados, se concluyó que Rueda, como edil, no podía objetar judicialmente lo resuelto por las mayorías en el Concejo.

En este punto, en su descargo, la Municipalidad señaló que “el actor carece del interés concreto que se requiere para la conformación de una causa o controversia, aún en los casos de acción popular” y que “la calidad de ciudadano, habitante o concejal del municipio no lo legitima para accionar como lo hace”.

Por otra parte, destacan que Rueda “ante el Poder Judicial de la Provincia no representa a la comunidad de Salta, pero que lo hace en el recinto del Concejo Deliberante y que allí es donde debe plantear sus objeciones”.