Rechazan un pedido para que se chequee la salud de Bussi

Planteo de la defensa del ex gobernador.
La salud de Antonio Domingo Bussi es objeto, nuevamente, de debate en la Justicia Federal. Los defensores oficiales del ex gobernador, Pablo Antonio Lauthier y Edgardo Bertini, solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) que médicos psiquiatras forenses lo revisen otra vez antes del inicio de las audiencias por la existencia de un centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía, previsto para el martes. El mismo pedido fue extendido a su otro defendido, el ex jefe militar de Inteligencia, Alfredo Luis Cattáneo.

El requerimiento fue rechazado por el presidente del TOF, Gabriel Casas, quien consideró que no se formuló ningún argumento sólido ni se aportó documentación alguna (como un certificado médico, aunque sea particular) que sustente el planteo de los letrados, quienes pidieron que se determine si los procesados se encuentran psíquica y mentalmente en condiciones de afrontar el juicio oral.

"No había ningún respaldo que justificara la necesidad de una revisación, atento a una variación de la situación existente. Por esto, no le hicimos lugar. En cambio, se dispuso que el Siprosa adopte las previsiones para montar un servicio adecuado a las dificultades de salud de los procesados, en especial respiratorias", explicó Casas.

En octubre, Bussi y Cattáneo fueron revisados por una profesional, Mónica Santamaría, enviada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y su conclusión fue favorable a su presencia en el proceso. Lo mismo ocurrió con los otros imputados mayores de 70 años, Mario Albino Zimmerman, Roberto Albornoz y Luis De Cándido, a quienes revisó tal como lo ordena el Código Procesal Penal. El dictamen médico mantiene plena vigencia.

Casas dispuso que el Servicio de Emergentología del Siprosa disponga de una atención especial y permanente durante el desarrollo de las audiencias de debate, afectando a los elementos técnicos y médicos pertinentes e indispensables para socorrer a los acusados y a los testigos que se pudiesen indisponer. Para ello, requirió la presencia se especialistas clínicos y psiquiátricos.

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