El mismo apuntaba a su presidente, Luis Brizuela, pero la mayoría oficialista en Diputados rechazó in límine la solicitud por no ameritar causales. El pedido de juicio político lo impulsó María Moreno, empleada de la Función Judicial, a quien el magistrado había trasladado “de una manera intempestiva” hacia el Juzgado Laboral, según ella denunció, como una represalia. Los otros tres miembros del Tribunal Superior también habían salido a respaldar el accionar de su par.
El pedido de juicio político había sido presentado por la empleada de la Función Judicial, María José Moreno en contra del magistrado, argumentando que había sido trasladada de su lugar de trabajo diario “de manera intempestiva” hacia el Juzgado Laboral, por razones de represalia de parte del juez.
Entre los considerandos de la petición por causales de juicio político, argumentan que el magistrado habría tenido “mal desempeño” en sus funciones, “falta de decoro” y “abuso de autoridad”.
Sin embargo, el Jefe de Bloque Justicialista, Mario Guzmán Soria, argumentó que “en nombre del Bloque que presido solicitamos el rechazo in límine del pedido de juicio político por no ameritar, en cuanto a su contenido y prueba el asidero correspondiente para dar andamiento al proceso que se refiere” y añadió que el pedido carece de “una denuncia en el ámbito judicial de los hechos que se exponen, entonces asi la Cámara (de Diputados) contaría con más fundamentos, que aún no tiene el juicio político. Luego de ello, entonces se podrá ameritar la pertinencia para un juicio posterior. En las condiciones en las que está solo es viable el rechazo in limine”.
Ya dentro del orden del día, la mayoría del cuerpo legislativo aprobó diversos proyectos de Ley, Minutas de Comunicación y Declaraciones. En primer término, se aprobó una comunicación elevada a la Función Ejecutiva para que a través del área que corresponda, realice urgentes gestiones para la reparación, reasfaltado y señalización del tramo de la Ruta Nacional Nº 79, y de esta última hasta la Ruta Nacional Nº 38.
Fuerte respaldo del TSJ a las actuaciones de Brizuela
Con la rúbrica y acuerdo el máximo órgano judicial de la provincia, con la presidencia de Claudio José Ana e integrado por José Nelson Luna Corzo y Mario Emilio Pagotto, explicaron las disposiciones administrativas para el cambio de destino de una agente de la Función Judicial, en forma puntual por la situación generada por la asignación de servicios de la empleada María José Moreno.
En los considerandos del acuerdo se hace mención ante los acontecimientos de público conocimiento, derivados del cambio de lugar de prestación de servicios de la empleada mencionada, dispuesta por el presidente de ese Tribunal.
Ante ello, el cuerpo consideró necesario esclarecer a la opinión pública, señalando que tales disposiciones corresponden al ejido de atribuciones del juez en ejercicio de la presidencia, de acuerdo a lo instituido en el artículo 48 inciso 3º de la Ley Orgánica de la Función Judicial de la Provincia.
En ese sentido, el acuerdo resolvió, ante la situación generada por el cambio de destino de una agente de la Función Judicial, avalar las actuaciones del presidente, en este caso Luis Brizuela.
El acuerdo fue firmado por quien ejerció de manera excepcional la presidencia del tribunal para este pronunciamiento, Claudio José Ana y por los Luna Corzo y Pagotto, protocolizado por el secretario Administrativo y de Superintendencia, Javier Ramón Vallejos.
Estrictas razones de servicio
El acuerdo administrativo del máximo tribunal se concretó luego de analizar la situación planteada por el cambio de lugar de prestación de servicios de María José Moreno, quien había presentado una denuncia en contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Alberto Brizuela.
Según la empleada, el funcionario judicial había ordenado su traslado “de manera intempestiva” hacia otra dependencia, a modo de represalia de parte del juez.
De acuerdo con los antecedentes administrativos por resolución Nº 88, de fecha 17 de octubre de 2013, “por estrictas razones de servicio”, el presidente del TSJ, habría dispuesto que a partir de la fecha de su notificación, la agente judicial María José Moreno, pase a cumplir funciones, en la Secretaría Económico Financiera al Juzgado del Trabajo y de Conciliación Nº 2 (Secretaría “A”), ante el pedido de personal oportunamente presentado por el juez titular de esa dependencia Antonio Carlos Montaperto.
Se pudo conocer que notificada la empleada de la resolución de traslado, Moreno no habría presentado ninguna clase impugnación en los términos legales del acto administrativo, por lo que la resolución había quedado firme y consentido.
Explicaron además que lo dispuesto en la resolución es una facultad constitucionalmente atribuida a ese Tribunal Superior de Justicia para ejercer la superintendencia sobre los órganos jurisdiccionales y administrativos de la Función Judicial, que conforman la administración de justicia (C.P. 138, inc. 1).
Todo lo actuado estaría establecido en la Ley Orgánica de la Función Judicial Nº 2425 que establece los deberes y atribuciones del presidente de ese cuerpo, entre otros, el de “ejercer la jefatura administrativa del personal de la función judicial” (art. 48, inc. 3º).
En forma puntual, avalaron lo resuelto por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de disponer por estrictas razones de servicio, el pase a prestar servicios en otra dependencia judicial, encuadra estrictamente dentro de sus facultades de superintendencia.
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