Acompañado del titular de la Federación Económica del Chaco, Roberto Lugo, empresarios del rubro y del asesor tributario Jorge Christiani, el vicepresidente de la entidad empresaria capitalina, Elian Jovanovich, planteó la imposibilidad de que el empresariado pyme asuma el millonario costo que representa para el sector.

Invitó en ese sentido a calcular el impacto que tendrá el nuevo tributo que podrá alcanzar a unos 15000 comercios habilitados en toda la provincia con imposiciones en concepto de canon que van desde los 300 pesos para almacenes a los 2500 pesos para bares y locales bailables.

"Estamos de acuerdo con los resultados del programa Noche Segura, pero no podemos aceptar que la financiación de este se haga caer sobre las espaldas del comercio pyme" señaló sobre uno de los programas que se pretenden financiar con el canon y el cobro de la habilitación anual en el registro.

Ilegalidad manifiesta

"El Decreto 516/2010 es de una ilegalidad manifiesta", opinó el especialista tributario Jorge Christiani, anotando que no es atribución, según la Constitución del Chaco, del Ejecutivo fijar impuestos, que sólo se pueden establecer mediante una ley, ya que aseguró que la legislación marco (ley 5909 ) que crea el Registro "no habla del cobro de ningún impuesto, ni hace referencia a que el financiamiento del Registro va a estar dado por un canon".

El presidente de la Federación Económica, Roberto Lugo, anotó en tanto el serio perjuicio que suma el tributo a la renta pyme, asediada desde los últimos años con la permanente creación de nuevos impuestos. "Otra vez se va a tocar el bolsillo de las pymes" anotó Lugo evitando abrir juicios de valor sobre los programas de seguridad en cuestión que, subrayó, tienen un diseño plenamente estatal y eventuales resultados que se evaluarán en la gestión de gobierno.

Empresarios asociados a la entidad capitalina, como Marcelo Abraham y Horacio Marassi, sumaron argumentos en contra que reiteraron la imposibilidad de que las empresas minoristas asuman los costos de los programas de seguridad con nuevos impuestos que se suman a los que ya pagan. También en representación de los bares y confiterías de Resistencia, Marassi apuntó que los programas de prevención de las adicciones son materia de la salud pública y objetó el criterio de designación de las categorías establecidas en el impuesto.

Jovanovich adelantó que la entidad pretende seguir negociando la aplicación del Registro la próxima semana con el subsecretario de Gobierno, Culto y Registros Públicos, José Mongeló, pero reservó la posibilidad de plantear incluso el tema a nivel judicial, dado el urgente reclamo de muchas empresas asociadas a la entidad.