El Frente Cívico presentó ayer su acusación contra el ministro de Salud. El juecismo pretendió, en vano, sumar al radicalismo a su cruzada.
Como había anticipado este diario el lunes pasado, el presidente del bloque Frente Cívico, Roberto Birri, llevó a la Cámara un pedido de juicio político contra González.
El bloque radical, que preside Hugo Pozzi, rechazó en la noche del martes la invitación a sumarse a la presentación, sin que eso signifique que la UCR deje de lado las críticas que formuló al ministro por las mismas cuestiones. Pero los radicales no quisieron copiar el método del juecismo, y menos aún correr detrás suyo.
Unión por Córdoba, de todos modos, declará seguramente inadmisible el pedido juecista, como hizo ayer con otro de un particular contra dos vocales del Tribunal Superior de Justicia.
«La salud humana no sólo es un bien, sino que es un derecho humano, al que nosotros consideramos vulnerado en la provincia de Córdoba por una administración de Gobierno que está lejos de garantizar a los ciudadanos el acceso a la atención sanitaria», dijo Birri.
«Las fallas en el sistema son responsabilidad exclusiva y excluyente de la máxima autoridad de la provincia en el sistema de salud del Estado», agregó.
González respondió que Birri hace «politiquería barata». «Y bueno, quiere salir en los diarios, forma parte de todo este festival de denuncias, como dijo el gobernador», sostuvo el ministro. Además, recordó: «Yo estuve hace poco 5 horas en la Legislatura dando respuestas, pero forma parte de esta idea de hacer política lanzando denuncias contra el adversario».
Por otro lado, a Legislatura rechazó la solicitud de juicio político promovida por el abogado José Manuel Moyano Nores contra los miembros del TSJ, Domingo Sesín y Carlos García Allocco.
Con el voto del bloque Unión por Córdoba (UPC) y la abstención de los opositores (excepto Nadia Fernández, de Peronismo Militante, que lo hizo en contra), la Legislatura declaró «inadmisible» la pretensión de Moyano Nores.
La abstención de los opositores fue porque querían que el oficialismo aceptara constituir las salas acusadora y juzgadora.
Desde la bancada UPC, Juan Manuel Cid justificó que el pleno de la Cámara pueda resolver la admisibilidad de la solicitud de un juicio político, porque la Constitución establece que las salas deben formarse una vez que la acusación es aceptada.
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