El fallo del TSJ fue firmado por el presidente del organismo, José Luna Corzo y se toma luego que la Fiscal General Subrogante destacara la improcedencia de la acción de amparo, por considerar que la UCR "carece de legitimación para deducir la acción y por la inexistencia de ilegitimidad manifiesta de los actos cuestionados y la intervención del diputado provincial Guillermo Galván que ocupa la banca de la UCR y que en el debate admitió la propuesta del Gobernador y se designaron los miembros del TSJ".

La UCR fundamentó su pedido al entender que la cadena de actos estatales eran ilegales y arbitrarios, por no adecuarse a las previsiones del Decreto de la Función Ejecutiva nº 473/2004 ni de la ley local de ética pública.En su sentencia, el TSJ consideró que la UCR "carece de legitimación para promover esa medida, por cuanto no ostenta ninguna de las calidades exigidas por la Constitución Nacional". "La UCR no es persona directamente afectada por la decisión que cuestiona; no es el Defensor del Pueblo; ni tampoco constituye una asociación en los términos exigidos por la ley fundamental. Además no pudo demostrar que se hayan desconocido algunos de los derechos que le otorga la Constitución y la ley para funcionar como partido, sino la defensa del Estado democrático", sostiene el fallo.