Sin ir más lejos, el ministro de Justicia Gustavo Ferrari ubicó a su asesor, Juan Pablo Odera, a cargo de la Dirección de Trabajo Penitenciario, junto a Manuel Busti: el supuesto fin de esta área es planificar y coordinar el trabajo, la capacitación y/o el perfeccionamiento laboral de los internos; sin embargo, se convirtió en otra de las cajas que instaló en el SPB.

Desde hace un tiempo, esta Dirección no tiene un titular asignado: el área habría quedado acéfala debido a que al anterior director le agarró un infarto como consecuencia de las constantes presiones que recibía. De este modo, desde el Ministerio de Justicia lograron adueñarse del control total de los movimientos administrativos.

En este escenario, llegaron a la redacción de esta Agencia de Noticias fotos de remitos y facturas de distintas compras realizadas por esta Dirección, que cambió de proveedores de un día para otro: por ejemplo, el alimento para el criadero de cerdos de la Unidad N° 12 se comenzó a adquirir en un comercio de “Agro Servicios” ubicado en la misma cuadra que vive Odera, en la ciudad de Chascomús.

Otro dato que llama la atención es que el talonario de facturas es nuevo, siendo éstas (foto) las primeras facturas realizadas. Lejos de la trasparencia prometida, este sería otro de los oscuros y aceitados mecanismos de recaudación paralela de la Intervención que conduce Fernando Rozas, ex diputado denarvaista.

Brindando mayor información, un trabajador penitenciario del sector denunció en diálogo con NOVA: “Para hacer maquillaje, inauguran talleres truchos que ya existían, pero las condiciones son pésimas”. Asimismo, añadió: “En Gorina hay un criadero de cerdos donde los animales se comen entre ellos. Al veterinario que estaba a cargo, por pedir que se analizara la calidad de los alimentos, lo trasladaron arbitrariamente”.

Asimismo, sin querer dar a conocer su identidad por miedo a represalias, aseguró que se siente defraudado por el Gobierno: “Con María Eugenia Vidal pensé que iban a cambiar las cosas para bien, pero empeoró todo”.

En esa línea, insistió en denunciar la connivencia entre funcionarios provinciales y los Jefes de Unidad: “Los superiores miran para otro lado con tal de llegar a cumplir los aportes para jubilarse, están comprados o fueron trasladados a  una oficina inventada de Asuntos Especiales donde cobran alrededor de 60 mil pesos sin hacer nada, muchos de ellos con sumarios abiertos”.