Medidas de fuerza, municipios mal administrados, denuncias de corrupción, servicios insuficientes, problemas sanitarios, ambientales y pobreza; componen un panorama complejo.
Transitar por la ruta 34, en el tramo salteño, puede llegar a ser una carrera de obstáculos. En los últimos años los cortes de camino en Colonia Santa Rosa, Pichanal, Ballivián, Coronel Cornejo, Tartagal, General Mosconi y Salvador Mazza, se sucedieron con una regularidad alarmante, al igual que sobre ruta 50, con serios disturbios en Hipólito Irigoyen, Orán y Aguas Blancas.
El norte es el punto más conflictivo sin dudas. Uno de los casos más resonantes fue el de Salvador Mazza, el municipio más complicado por su ubicación fronteriza, cuando su ex intendente Carlos Villalba fue detenido en un prostíbulo durante un operativo contra la trata de personas en la ciudad de Salta.
Tras la suspensión de Villalba, la provincia nombró como interventora a Mercedes Juncos, que poco pudo hacer para ordenar las finanzas y las protestas de los trabajadores continuaron y continúan. La UTM reclamaba y aún lo hace, el pago de los haberes de octubre que hasta ahora no fue saldado.
Además, un grupo de 200 autoconvocados reclaman deudas salariales desde hace 2 y 3 años. Por otro lado, los reclamos de los vecinos se centran en las trabas tributarias y en la inseguridad que genera el narcotráfico.
Según fuentes judiciales de Orán, por esta ciudad ingresa entre el 80 y el 90 % de la cocaína que circula por la Argentina. En Salvador Mazza viven unas 27.000 personas y, según investigaciones de la Justicia Federal, operarían en lugar al menos 10 bandas que se dedican al tráfico de cocaína, cada una integrada por unos 40 hombres. Para tener dimensión del problema, alcanza con recordar que todas las investigaciones sobre drogas terminan en el Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán, a cargo del juez Raúl Reynoso, en el que en siete años y medio se iniciaron más de 19.000 causas.
La sala de espera del Infierno
Los que conocen el norte de Salta, saben de sobra que el calor en Tartagal es casi un castigo porque el verano trae cortes de electricidad y de servicio de agua tornando insoportable el día a día. La falta de agua, afecta también al hospital de Tartagal, situación en extremo preocupante debido a que en el nosocomio permanecen internadas personas con afecciones de distintos tipos.
Allí, en los últimos días, setenta mujeres que trabajan en diferentes sectores en el hospital protestaron luego de que se les informara que se rompía toda relación laboral. Les propusieron que se inscriban como monotributistas y que le facturen al hospital importes que no superen los $1.000 en coincidencia con la magra remuneración que percibían hasta el 30 de noviembre. Fermín Hoyos, el delegado de ATE, informó que los trabajadores arreglaron su continuidad.
El olvido de General Mosconi
La población más castigada por la política económica llevada a cabo en los ‘90 por el peronismo. Según la Unión de Desocupados de General Mosconi, después de la venta de YPF, el 70% de la población del lugar quedó desocupada. La política del gobierno nacional, lejos de revertir el problema, prorrogó las concesiones petroleras, obligando a importar cada vez más combustibles al precio internacional, entre 4 y 8 veces más caro que el nacional, a un costo de 10.000 millones de dólares en 2011 y 13.000 en el 2012.
Las luchas de los desocupados continúan en la actualidad, ya que la mayoría de ellos conformaron cooperativas de trabajo, pero no consiguieron que el Estado provincial le adjudique obras. De todos modos la inmovilidad económica en que cayó Mosconi hace que toda una población dependa, casi en exclusividad, de la obra pública, los planes de fomentos y sociales. Semanas atrás los desocupados de Mosconi, cortaron la ruta 34 en repudió al desmonte que se está efectuando sobre las serranías de Campo Vespucio y solicitaron que se revoquen los permisos de explotación maderera a empresas extranjeras.
Orán, el más complejo
La mayor parte de los municipios del departamento de Orán se encuentran sumergidos en intensos problemas sociales. En la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, los empleados municipales mantienen un largo conflicto con el intendente Marcelo Lara Gros.
La marcha del martes de los trabajadores municipales de Orán, que mantienen un paro de actividades desde hace 14 días, impidió que el Concejo Deliberarte cierre el periodo de sesiones y no trate el presupuesto 2014, donde no se contemplaba el aumento salarial. Los trabajadores exigen que se incremente un millón y medio el presupuesto para atender los reclamos salariales, mientras que el ejecutivo sólo ofrece 900 mil pesos.
En medio de esta lucha sindical, un sinnúmero de denuncias de corrupción salieron a la luz. El dirigente de los trabajadores municipales Rubén Tolay, aseguró que a los chóferes los obligan a firmar el retiro de combustible sin que especifiquen con letra la cantidad cargada en los vehículos, “solo le permiten firmar el vale de combustible que consta con número la cantidad pero no con letra, así ellos pueden agregarles otro número más y rinden eso ante la administración, y al resto de los litros se los llevan ellos.
Si retiras 10 litros, ellos ponen 100; así los compañeros del sector calculan que se roban cerca de 6.000 litros por semana que multiplicados por $7 el litro se llevan más de 40 mil pesos al bolsillo por semana”. A pocos kilómetros de allí, en la localidad de Colonia Santa Rosa, los empleados municipales llevan meses de conflictos y reclaman soluciones que nunca llegan.
El lunes pasado tomaron la municipalidad, por enésima vez. El origen del conflicto es el reclamo del pago de $1.200 escalonado que la provincia acordó y que en Colonia Santa Rosa no se efectivizó. Además, el departamento de Orán se encuentra atravesando una de las peores crisis de su historia, debido a los rigores del clima. Este año, a los bajos rindes de los campos debido a la sequía, se le sumó la destrucción total de cultivos y plantaciones por las granizadas. Miles de familias quedaron sin trabajo y en la miseria misma.
Sequía y protestas ambientales
La sequía que soporta la provincia es la más intensa en los últimos 50 años. Metán, Rosario de la Frontera, Anta, Orán, San Martín, General Güemes y Rivadavia, en donde se desarrolla más del 80% de la producción agrícola y ganadera de Salta, fueron los más afectados, provocando que miles de trabajadores del campo quedaran sin trabajo. Muchos emigraron a otras provincias o la ciudad de Salta.
En este panorama, el fantasma de la desnutrición sobrevuela extensas poblaciones. “La zona sigue afectada por la sequía, en algunos parajes hace como tres años que no llueve, también tenemos problema con la luz por la baja tensión, lo que afecta a las bombas que están en los pozos de agua del pueblo, y no es suficiente para la demanda”, relataba Marcela Carabajal, la Intendente de Morillo. Este es sólo un pequeño recuento de los problemas y desafíos para el futuro. Hay problemas con tenencia de tierras de las comunidades aborígenes, falta de vivienda, asistencia alimentaria, transporte, desocupación, drogadicción y falta de oportunidades para los más jóvenes del interior provincial, que a pesar de los esfuerzos sigue relegado.
Comentá la nota