Un relevamiento geográfico encarado por la Dirección de Agricultura, en el que también participó el Departamento de Estadísticas y Censos del Consejo General de Educación (CGE), determinó que son 1.030 las escuelas rurales que funcionan en suelo entrerriano. De ese universo, 856 corresponden al nivel primario y 174 al nivel secundario. La iniciativa busca evitar que las fumigaciones afecten a las comunidades educativas linderas a sembrados. Sin dudas, constituye una herramienta de significativa importancia, no solo porque reúne información estadística actualizada, sino porque también ayudará a evitar inconvenientes con una práctica cada vez más expandida. Los datos que se concentran en un programa de fácil acceso, quedarán disponibles en poco tiempo para las cámaras de aplicadores terrestres y aéreos, expendedores de productos para realizar las fumigaciones y autoridades escolares, que podrán utilizar las coordenadas geográficas para saber si hay un establecimiento educativo en las cercanías.

De acuerdo a esta recopilación hay “un promedio de distancia entre ellas que no supera los 10 kilómetros”, afirmó en diálogo con Uno, el ingeniero agrónomo Andrés Soirifman, asesor de la Dirección de Agricultura y uno de los responsables del proyecto.

Se trata de un trabajo de hormiga, motivado en sus orígenes por la denuncia de un grupo de entidades educativas afectadas por la fumigación, que llevó a profundizar la investigación en torno a la problemática.

El puntapié inicial se dio en el área dependiente del Ministerio de la Producción, pero para ejecutarlo se necesitó de la colaboración del Departamento de Estadística y Censo del Consejo General de Educación. “Nos llevó cuatro años elaborar este plan. Sin dudas resultó invalorable el aporte del CGE”, resaltó el ingeniero agrónomo Enrique Luna, otro de mentores del emprendimiento en la repartición provincial.

La vulnerabilidad de las escuelas rurales ante este tipo de modalidad alertó a las autoridades sobre la necesidad de visibilizar un problema siempre latente. “Todo empezó por una denuncia que recibimos de directivos de una escuela de Gualeguaychú que tomó estado público, y luego ocurrió un problema con una escuela de Las Tunas, en el kilómetro 70, sobre la ruta 18. La idea la teníamos, entonces tuvimos que darle forma, empezamos a buscar y conseguimos a la gente del Consejo de Educación que nos dio la información”, admitió Luna.

Pese a que se han instrumentado diferentes políticas públicas con el objetivo de fomentar una mayor conciencia sobre el tema, las denuncias sobre episodios de fumigación sin control y donde no se cumplen con las disposiciones vigentes se reiteran con mayor frecuencia. Y lo más preocupante es que buena parte de los casos involucra a escuelas rurales.

El funcionario remarcó que se está trabajando para revertir la situación. De todas maneras, la intervención de la autoridad de aplicación de la ley vigente de agroquímicos en Entre Ríos es limitada, teniendo en cuenta que su herramienta más fuerte es precisamente una exposición policial, y porque no dispone de los medios para constatar las infracciones en el preciso momento en que se están cometiendo.