A pesar de lo que indicó el aviso, la secretaria de Política Ambiental, Cristina Camardelli, indicó que al aprobar el pedido de desmonte, la empresa quedó comprometida a entregar una superficie de 1600 hectáreas reclamadas por un puestero que hizo los reclamos judiciales por posesión veinteñal. Sostuvo que así, en realidad quedará para habilitar un desmonte es sobre 8.250 hectáreas, de las cuales se debe disponer el 30% de superficies en sistema de reserva, por lo que aseguró que el desmonte total y selectivo solo será sobre 5.800 hectáreas.

En la superficie a habilitar, según surgió del informe de impacto ambiental y social, se presentaron algunos problemas. Y es que en un momento, los puesteros denunciaron que "los propietarios de la finca primero amenazaron con topadora para lograr que desocupen el puesto y luego ofrecieron darles 500 hectáreas fuera de la Finca".

La situación no es ajena a lo acontecido en estas tierras vendidas por Romero. Y es que distintos pobladores que por años ocuparon las tierras sea con sus viviendas, o con el pastaje de sus animales, se quejaron de las prácticas utilizadas para echarlos.

En el informe de impacto ambiental y social, la empresa indica que como medida "preventiva", se "dará aviso a los pastajeros y puesteros de la nueva situación acordando retirada progresiva y paulatina de los animales que están en el predio".

Esto podría implicar algunos enfrentamientos a futuro.

Sin embargo, Camardelli aseguró que en las superficies a desmontar solo se encuentra la familia Serrano, a que se le entregarán las 1600 hectáreas. "Adentro no hay reclamos de pueblos originarios", sostuvo. Mientras, explicó que esta habilitación se puede hacer, en tanto las tierras se encuentran en la Categoría III del Ordenamiento Territorial, esto es, en la zona que está pintada de verde y en la que, por lo tanto, se permiten los desmontes.