El Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de La Matanza (CALM) convocó el viernes último a la “Jornada de reflexión a los 35 años del Golpe militar” en la que participaron, entre otros asistentes, miembros del ámbito judicial y de organizaciones sociales, y donde se instó a “avanzar” en los juicios a los militares represores, pero también a todos los responsables de los diversos sectores que contribuyeron a los nefastos efectos del Proceso.

Además, se explicó la importancia del último fallo judicial respecto del caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble y un representante de la APDH local contó los avances del monumento en ex centro de detención ilegal El Vesubio.

Como disparador de la charla, el director del Instituto de DDHH del CALM, Alejandro Bois, recordó que “en los 90 cuando parecía que la impunidad había ganado y los genocidas caminaban libres por las calles, a través de la lucha de los organismos el tema permaneció en debate y en vigencia y luego se empezó a ganar en lo jurídico”.

“Desde el 2003 a esta parte -destacó- el hecho de juzgar a los militares que actuaron durante el proceso, consiguió que se convirtiera en política de estado; es decir, desde el propio gobierno ejecutivo, se impulsó la anulación de las leyes de obediencia debida y de punto final y ya con una nueva integración de la Corte se pudo volver a encarcelar a los genocidas”.

“Por un lado, nos embarga esta complacencia en cuanto a que aquellas personas que pensábamos no iban a ser juzgadas por estas normas que eran un corset de impunidad finalmente volvieron donde tenían que estar. Y nos embarga los planteos de la celeridad en que estos juicios pueden llevarse a cabo para que la muerte no le gane a la justicia”.

Por último, Bois instó a que “desde los derechos humanos tenemos que puntualizar que cada vez que hay un caso de gatillo fácil, cada vez que muere un joven en una comisaría víctima de golpes, cada vez que la violencia social se desarrolla contra los sectores más postergados, el desafío es ver cómo podemos avanzar para que a todas estas rémoras que quedaron en lo que tiene que ver la cultura represiva, nunca más estén con nosotros”.

No todo está dicho

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Luján, Manuel Martín Gutiérrez, el primer alocutor de la jornada, en un momento de su exposición manifestó: “No quiero dejar de mencionar la responsabilidad de la denominada pata civil del Golpe, que fue y sigue siendo una de las responsables mayores no solamente de tratar de disimular los efectos último del Golpe sino porque siguen siendo beneficiados hoy por buena parte de la actividad económica estructural y distributiva de nuestra sociedad. Aparece como un desafío muy actual”.

“No solamente tenemos que buscar a Martínez de Hoz o a Mariano Grondona como difusor -resaltó- sino que tenemos a una cantidad que desde el mundo del derecho fueron parte de la apoyatura civil, ideológica, y técnica jurídica e institucional del Proceso”.

Asimismo afirmó que “desde lo corporativo, sectorial, y desde espacios identificados con poder se ha impedido colocar a estos ‘civiles’ en el espacio de acreditarles responsabilidades que la han tenido como funcionarios del Proceso”.

El docente planteó que “en estos 35 años, deberíamos haber dicho todo respecto de los efectos del Golpe, y que cuando nos ponemos a pensar desde una mirada abarcativa en los aspectos culturales, sociales, políticos, económicos, institucionales de nuestro país hoy, nos dan la alerta que no pudimos completar todo lo que tenemos que decir respecto del Golpe”.

Y agregó que “el Proceso dejó una semilla tal que modeló la forma de pensar de buena parte de la sociedad respecto a cuestiones totalizadoras, desde el individuo a las construcciones colectiva”.

El caso de los hijos Herrera de Noble

Al iniciar su alocución, el juez Fabián Van Staden juez de la Cámara Penal, sala II, del Departamento Judicial de La Matanza, mencionó que le hubiese gustavo ver en el auditorio a “más personas del poder judicial”. “De a poquito creo que se va entendiendo que los operadores del sistema judicial también somos sujetos susceptibles de involucrarnos en cuestiones que tienen que ver con la comunidad”, resaltó.

Por su parte, el magistrado abordó como tema de reflexión de la última dictadura militar, el caso del reclamo sobre la identidad de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, propietaria de Clarín.

El camarista comentó que el 17 de marzo último, la Cámara Federal de San Martín produjo un fallo en el que ordenó la extracción de sangre de manera compulsiva en Marcela y Felipe, a los efectos de efectuar el estudio de distocompatibilidad y del algún modo establecer si resultan ser descendientes de personas desaparecidas en el proceso de 1976-1983”.

“Es muy valioso el aporte que hacen estos jueces porque el caso de Marcela y Felipe, más allá de las connotaciones que tiene el apellido Herrera de Noble, del monopolio mediático que gobiernan, en lo estrictamente jurídico es una causa que va a cumplir diez años y hubo muchas dilaciones”

Recordó que la Corte Argentina se pronunció en el sentido de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y que además, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y que luego en el fallo Maceo, se pronunció del mismo modo respecto de los indultos del gobierno de Menem. “Este es un paso que coloca una bisagra importante para el futuro”, consideró el juez matancero.

Asimismo, el juez refirió que frente a los derechos de igual jerarquía constitucional: el de la intimadad, el de la reserva, también hay otros derechos como “el de garantizar la persecución de los crímines, mucho más cuando son de lesa humanidad. Y además, a la sociedad conocer y los otros terceros que también son víctimas, esto es, los familiares de desaparecidos, que tienen el derecho de conocer qué pasó con su desendencia”.

Parafraseando las palabras de la doctora Hiton de Nolasco, señaló que “la Argentina es Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, y dice que tengamos cuidado porque también ponemos en juego la soberanía de la república, porque recordemos que los delitos de lesa humanidad amplían la jurisdicción internacional, quiere decir que cualquier otro país puede intervenir en la investigación, en el procesamiento, en la condena y en definitiva en el fallo”.

Por otra parte, se reconoció adherente a la idea de que “debemos proteger todos los días los derechos personalísimos, pero no pueden, sobre todo en caso como estos, ir por sobre el interés de la comunidad, porque afectan la moral pública”.

“En definitiva, -argumetó- si se trata en el caso como los hermanos Herrera de Noble, de un caso donde se intentó con las muestras presentadas voluntariamente y además adolescían de certidumbre en cuanto a que realmente fueran de ellos; se afirmó que estaban contaminadas, se produjo luego un allanamiento y un secuestro de prendas, en donde las muestras de células resulta que había de dos sexos distintos en ambas muestras. Si todo esto y como última instancia, para conocer la verdad tenemos que acudir a alguna coerción mínima, como es un mínimo pinchazo y un excaso torrente sanguíneo, creo que estaremos dando un paso importante en el sentido de afianzar y garantizar la justicia”.

“El estado argentino tiene una responsabilidad, que se trata de delitos muy caros a los sentimientos de nuestro pueblo, y que de algún modo necesitan, aún cuando esto aparezca como tardío, darle una solución definitiva a estas cuestiones”, finalizó el magistrado.

Monumento en El Vesubio

Juan Carlos Lozza, integrante de la APDH de La Matanza presentó el avance del proyecto de la instalación del monumento “30 Mil Mundos” en el ex centro de detención El Vesubio, ubicado en la intersección de la ruta 4 y autopista Richieri, en recordación de los 30 mil desaparecidos en el nefasto proceso militar.

El militante recordó que la iniciativa se inició por el año 1984, y que por distintas visicitudes todavía no se ha podido completar, como ser las crisis económicas. Además, Lozza explicó que nunca se aceptó el financiamiento oficial del estado para poder terminar el proyecto, porque “pensamos que tiene muchísimo más valor hacerlo a través de la militancia”, dijo.

Actualmente, según afirmó Juan Carlos, tienen hechas 30 columnas rellenas con concreto, y veinte pancartas puestas, les faltan colocar diez pancartas para llegar a las 30; “esperamos que este año con un esfuercito más terminar el monumento, que sea antes del Día de los Derechos Humanos”, vaticinó.

En el panel de expositores estaba convocada a participar Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo (línea fundadora) quien por razones de salud no pudo asistir al encuentro.

Purga judicial

Durante la dictadura militar de 1976, incontables recursos de hábeas corpus, fueron presentados ante la justicia, ya que no se suspende su vigencia durante el estado de sitio, por la desaparición forzada de personas que impuso el terrorismo de estado en esa época de plomo, pero la confabulación de todo el aparto estatal, impidió que esta garantía fuera aplicada de modo efectivo, archivándose los pedidos, o haciéndolos desaparecer, al igual que a las víctimas.

La competencia de aplicación corresponde a los tribunales nacionales o provinciales según que la detención injusta haya partido de funcionarios de una u otra jurisdicción. Si no se conoce quien ordenó el acto lesivo, puede interponerse en cualquier tribunal.

“Estamos seguros que en el poder judicial no se hizo una purga, pero ya que estamos en el ámbito del Colegio de Abogados, le planteamos la posibilidad que se indague cuántos funcionarios judiciales que en la época de la última dictadura denegaban los pedidos de hábeas corpus para aquellos casos de privación ilegítima de la libertad y que actualmente continúan en función pública”, transmitió a las autoridades presentes el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel.