Payo expuso con detalle en la última sesión el Senado, en ocasión de aprobarse el proyecto de ley de creación de dos cargos de defensor Oficial Penal números 3 y 4  y una Defensoría de Juicio y Ejecución para el Distrito Judicial de Tartagal.

En este punto el senador Santiago Payo hizo una extensa argumentación en torno a las dificultades que se presentan con la falta de defensores oficiales y dijo que la defensa oficial forma parte de la gestión por la que el estado asume la obligación de brindar asistencia legal gratuita a todas aquellas personas de escasos recursos económicos que pretenden ejercer sus derechos dentro del sistema previsto ´por el ordenamiento legal para la resolución de conflictos y atención e determinadas situaciones jurídicas.

Dijo que el proyecto en cuestión  pretende superar las dificultades que impiden  u obstaculizan  a aquellas personas de escasos recursos económicos, obtener asistencia ante conflictos jurídicos o determinados requerimientos legales.

Consideró Payo que, al cúmulo de causas existentes atendidos por la Defensa Pública, debe agregarse el hecho de que los defensores son el reemplazo  natural entre los fueros, con lo cual los del fuero Civil y de Familia, reemplazan a los Defensores penales y viceversa, como también reemplazan al Asesor de Incapaces.

"Cuando se dan casos de intereses contrapuestos, inevitablemente  los Defensores deben reemplazarse entre sí  en los distintos fueros. Producto de ello se ha presentado causas en las que el Defensor del fuero Civil y de Familia actúa en la faz penal, desde la primera instancia hasta la Cámara de Juicio y Ejecución" dijo Payo

Explicó además el senador por el departamento  San Martín que en el distrito judicial Tartagal se dieron causas en las que intervinieron  los cinco Defensores Oficiales con los que cuenta la jurisdicción - dos Civiles y de Familia, dos Penales y el Defensor de Cámara- en una misma causa.

 Violencia familiar 

Citó Payo el incremento en de las causas judiciales iniciadas por violencia familiar lo que conlleva causas conexas, las reformas procesales penales que modific´po la tarea de todos los actores judiciales y la  adhesión de la provincia a la ley por la que juzga los delitos de microtráfico que implica más atención dela Defensa Pública.