La Justicia, en concordancia con un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha ordenado que se siga investigando el misterioso asesinato del comisario de la policía bonaerense Jorge Omar Gutiérrez, ocurrido el 29 de agosto de 1994 cuando el uniformado investigaba la posible vinculación de un depósito fiscal ubicado en Avellaneda con la denominada “Aduana Paralela”.

En un fallo de los jueces del Tribunal de Casación Penal de la Provincia, Víctor Horacio Violini y Ricardo Borinsky se desestimó la posibilidad de declarar caduca las instancias y cerrar la causa y ordenó “dar inmediata intervención al Fiscal General de La Plata a fin que designe el (los) agente (s) que deberá (n) realizar una investigación completa, imparcial y efectiva con el objeto de determinar la responsabilidad intelectual y material de todos los demás que hayan intervenido en la preparación y ejecución del homicidio, como en la eventual alteración o desaparición de elementos de prueba, favorecimiento personal de los anteriores u omisión de investigar y/o denunciar lo que correspondía investigar y/o denunciar, comunicando sus avances, cada tres meses, a la Suprema Corte y a la Sala”.

La decisión de los jueces platenses implica la continuidad de las investigaciones sobre el crimen del comisario Jorge Gutiérrez -hermano del intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez- más allá de la autoría material del hecho y dirigir los esfuerzos judiciales a los presuntos autores intelectuales del asesinato.

En ese contexto, las pesquisas podrían volver a rondar sobre la presunta responsabilidad de un empresario vinculado a la corporación que controla la empresa Aeropuertos Argentina 2000 y a quienes algunas fuentes relacionan con sectores de la dirigencia kirchnerista.

Al expedirse sobre el caso Gutiérrez la Casación refirió al informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ante un recurso presentado por la familia de Gutiérrez entendió que el Estado argentino tiene responsabilidad por la vulneración del derecho a la vida y, respecto de sus familiares, “por la violación de garantías y protección judicial previstos en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”. En ese marco se destacó que “el resultado de las distintas reuniones celebradas en la Cancillería permiten inferir que el papel del Estado argentino, en el marco del cumplimiento de sus relaciones internacionales, difícilmente supere el test de compatibilidad de los estándares internacionales en tanto las nutridas cadenas de irregularidades denunciadas no fue desvirtuada por la documentación presentada”. La Casación entendió además que “tampoco es un punto menor el compromiso del gobierno de la Provincia de profundizar las investigaciones vinculadas al homicidio”.

En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que alude el fallo de la Casación, se indica que “se recomienda realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las personas que participaron en la ejecución de Jorge Omar Gutiérrez, además de la determinación de responsabilidad por las deficiencias en la investigación y la reparación adecuada a los familiares del muerto por violaciones a sus Derechos Humanos”.

En uno de los puntos medulares de su fallo, la Casación declaró nula la declaración de incompetencia formulada oportunamente por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata ante un reclamo de inconstitucionalidad del particular damnificado “a quien previamente se le denegara el derecho a tomar conocimiento de lo que llamó intempestivo cierre del sumario”, señalaron los jueces .