El 75 % de los geriátricos que funcionan la ciudad son ilegales, no están habilitados. En muchos de ellos 10.000 ancianos son estafados, robados, maltratados y abandonados a su suerte. No salen en los medios porque mueren lenta y silenciosamente.

Para detener semejante e intolerable abuso sobre la población más vulnerable y desamparada de Mar del Plata, invitamos hace pocos días, desde la Fundación Investigación Ciudadana, a las máximas autoridades del Colegio de Escribanos de Mar del Plata, Defensoría del Pueblo, Desarrollo Social, Inspección General y Dirección de DDHH del Municipio local, representantes del PAMI y ANSES. En la invitación decía “…Es de suma importancia su presencia o de una persona que usted designe, atento que su participación y virtual colaboración será esencial para terminar con el entramado delictivo que victimiza a adultos mayores en nuestra ciudad…”.

Ante una sala repleta de vecinos indignados por esta situación límite para los adultos abandonados solo concurrió una representante de DDHH del Municipio local. El grito mudo de auxilio de los adultos mayores sigue pasando desapercibido para quienes tienen la obligación de protegerlos.

La ausencia del Estado se vio plasmada en las sillas vacías reservadas para cada uno de los funcionarios que pueden hacer mucho por ellos. Los ancianos victimizados son tantos que llenarían dos estadios polideportivos. Ni siquiera ese número descomunal puede con la más absoluta indiferencia de los funcionarios públicos.

Indiferencia o incapacidad. Da lo mismo, porque aceptar un cargo público para el que no se está capacitado ni siquiera para advertir un problema humanitario, es un acto de extrema e inadmisible CORRUPCIÓN.