La Justicia ratificó una vez más la imputación por fraude al Estado a ex funcionarios de Juan Carlos De Paolo y un proveedor de la comuna de General Alvear.

Antecedentes

La causa penal que data de octubre de 2008 e involucra a un particular y a cuatro ex funcionarios del gabinete municipal de General Alvear por el presunto mal desempeño de funciones y fraude en perjuicio de la administración pública tuvo nuevos ribetes entre el fin de 2010 y el primero de febrero de este año.

En ese lapso, la conjuez Claudia Raquel García Cardoni, en quien recayó la causa luego de un largo camino judicial en el que tres magistrados resolvieron apartarse por diversos motivos y la titular del Juzgado de Familia de General Alvear solicitara licencia por motivos de salud, dictó una resolución en la que retrotraía la causa casi al principio, cuando aún no se habían confirmado los procesamientos a los hoy imputados por parte de la II Cámara del Crimen de San Rafael.

El origen de la denuncia surge en 2007, cuando empezó a funcionar el IUSP en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de General Alvear, sitio en el que la comuna debió haber realizado una serie de mejoras que finalmente debió afrontar la comisión del club, y que a posteriori fueron facturadas al estado por el particular Víctor Quiroga.

Sobreprecios

También se denunciaron sobreprecios en las viandas de los cadetes, que abonaba el municipio, y el aumentar en los papeles la cantidad de estudiantes que en realidad concurrían a diario para elevar los montos.

Con fecha 1 de febrero de 2011, la conjueza García Cardoni dictó dos resoluciones relacionadas al caso. En la primera admitía la constitución de la comuna como actor civil en la causa y en la segunda, ordenaba retrotraer las actuaciones al momento en que se había planteado la recusación del juez Néstor Murcia, que originalmente estuvo a cargo de la instrucción y a mediados de 2010 resolvió apartarse por haberse sentido "injuriado en su fuero íntimo" tras las declaraciones que uno de los imputados, Víctor Quiroga, efectuó a través de los medios de comunicación locales y en las que cargó contra su persona.

Con estas resoluciones rubricadas por la conjueza subrogante, la causa daba un giro de 180 grados que dejaba sin efecto gran parte de lo actuado el último año y podía llegar a allanar en gran medida el camino a los defensores, aunque un nuevo traspié se presentó el viernes 4 de la mano de la titular del Juzgado de Familia, la doctora Vivian Balada, que había reasumido esa semana sus funciones tras la licencia por enfermedad de diciembre y la feria judicial de enero.

En una nueva resolución, la magistrada titular declaró la nulidad de lo actuado por la conjueza García Cardoni y la causa quedó tal como estaba antes de diciembre, con los ex funcionarios y el proveedor imputados por fraude al Estado.

Los motivos que expuso la jueza Balada fueron sencillos, la resolución de la conjueza se dictó con fecha 1 de febrero, cuando la subrogancia sólo aplicaba hasta el 31 de diciembre del año anterior, fecha en que finalizaba la licencia que había solicitado.

"Se entiende que no corresponde el dictado del auto referido", señala una parte de la resolución emitida por el Juzgado de Familia. "No pueden intervenir en la misma causa dos magistrados con igual competencia, lo que deviene que dicho auto carezca de efectos jurídicos, debiendo declararse su invalidez", amplía el texto firmado por la jueza.

De esta forma, los imputados deberán esperar el comienzo del juicio en las mismas condiciones que se plantearon a fines del año anterior.