La resolución que se adoptó fue tomada por unanimidad, o sea no hubo ninguna incidencia de ninguna de las provincias argentinas en la declaración que se obtuvo".

"Lo que entendió la Federación, es que no veía obstáculo jurídico alguno, al ser una asociación sin fines de lucro de obtener ayuda de algunos de los poderes del estado o de quien sea para poder lograr los fines, que son fines del bien común" expresó el Dr. Lodeiro.

Las declaraciones de Lodeiro fueron en relación a los fondos del presupuesto provincial por la suma de $ 1.038.336 que el Ministerio de Economía dispusiera a favor del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial mediante Resolución 686/10, destinado a la construcción de su sede en esta ciudad, y que actualmente avanza a paso firme en Pantaleón Gómez y Salta.

En este contexto, surgió la impugnación de todos los jueces de la provincia, adheridos a esa entidad, por parte de la Diócesis de Formosa, en el marco de una causa judicial que involucraba a la Iglesia Católica y el Gobierno provincial.

Asociación sin fines de lucro

"Distingo lo que es particular de juez, obviamente nadie debe recibir ninguna dádiva. Una asociación sin fines de lucro sí puede recibir ayuda, es decir el Colegio de Magistrados o la Asociación de Magistrados", remarcó.

"Planteado el tema ninguno de los 24 Colegios hizo cuestión por esto, por lo que entiendo que ninguno entendió que estuviese mal. No es una cuestión sólo de la Federación, es de los 24 Colegios, todos los presidentes", sostuvo el letrado.

Recibir o no el beneficio

"No se debatieron detalles de cómo fue la gestión de crédito, acá se planteó si el Colegio de Magistrados podía o no recibir un beneficio por parte de alguno de los poderes del Estado, puede ser el Legislativo, el Superior Tribunal, el Ejecutivo, no se hablaron de los detalles de la cuestión, ni el monto ni cómo se hizo la gestión, simplemente si había obstáculo jurídico a que la Asociación reciba un beneficio", explicó más adelante.

"Ninguno de los 24 Colegios planteó un obstáculo ético alguno" finalizó diciendo.

Dos posturas encontradas

En su momento, la Presidenta de la entidad Dra. Vanesa Andrea Boonman en declaraciones a "El Comercial" defendió el beneficio recibido, mientras el Ministro del Superior Tribunal Dr. Ariel Coll, mediante una aclaración dirigida también al mismo matutino, tomó distancia de la organización de los magistrados y funcionarios beneficiarios asegurando que ya en el año 1985 "se desafilió expresa e indeclinablemente", en una clara muestra de distanciamiento de lo que considera que tiene "derivaciones procesales en causas judiciales" dentro de la cual, obviamente, no quiere quedar involucrado y sujeto a eventuales impugnaciones en su tarea de impartir justicia.

Argumentos de la jueza Boonman

La actual titular del Colegio de Magistrados y Funcionarios por mandato "prorrogado" por 18 meses más a moción del Juez de Instrucción Ricardo Shur en asamblea de asociados, declaró que la asignación de fondos públicos para la entidad privada que preside no constituye una "donación" porque fue realizado por el Ministerio de Economía a pedido expreso de su Comisión Directiva, y que tal aporte es equiparable a las tantas que el Gobierno hace destacando que el dinero no es "para los jueces" sino para la entidad, razón por la cual no son los magistrados los beneficiarios y en modo alguno justifica una "recusación masiva" expresó, pues con igual criterio –sostuvo- el otorgamiento del aumento del 18% por parte del Poder Ejecutivo Provincial en sus sueldos también hubiera habilitado las recusaciones, circunstancias que constituirían una "aberración jurídica" a su entender.