Ayer por la mañana se concretó la audiencia convocada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Río Gallegos entre el Gobierno y los gremios docentes. La que “respondió a una actitud voluntarista de los jueces”, dijo el fiscal Carlos Ramos,por LU 12 Radio Río Gallegos, tras participar del encuentro, en representación del gobierno provincial.

En el programa “De Regreso”, Sostuvo el funcionario que en rigor no era una audiencia de conciliación, ya que “no es objeto de una audiencia una sentencia que ordenó a los gremios acatar la conciliación obligatoria, además que tampoco podría ser objeto de conciliación la resolución del conflicto con el sector docente porque excedía el marco de la competencia judicial y específicamente de dicha acción judicial, que llegó a la Cámara en virtud de una expresión de agravios a la sentencia dictada por el juez Arenillas”.

Ramos sostuvo que en el encuentro, los jueces “se limitaron a escuchar a ambas partes, las que ratificaron los dichos en la audiencia que convocó, en su momento, el juez Arenillas”.

Al término de las exposiciones, el fiscal indicó que los jueces “manifestaron que las actuaciones quedaban a resolver, por lo que quedamos a la espera del fallo de la Cámara, la que esperamos sea con la celeridad que el caso amerita, en virtud que ya llevamos 48días sin clases”.

Sobre un posible camino de salida, Ramos volvió a ratificar su posición de que “el gremio tiene una actitud ilegítima, al no acatar la conciliación obligatoria ni el fallo judicial y si a esto se le suma la prolongación en el tiempo de esto, ya de ilegítima deviene en irrazonable y absurda”.

Algunos dirigentes aseguran que no se acata la conciliación obligatoria, “según escuché, por cuestión de principios, a lo que manifesté hoy (por ayer) en la audiencia que no estamos hablando de principios, sino de caprichos, porque la propia normativa a la que ambas partes nos sometimos, que son las paritarias, establece el mecanismo de la conciliación y a la que necesariamente debemos ceñirnos” y explicó nuevamente que en dicha norma “hay un paraguas protector para los trabajadores, ya que no se puede tomar ningún tipo de acción disciplinaria, el Estado tiene que proceder a la devolución de los días descontados, con lo cual no vemos ningún tipo de agravio ni al gremio ni a los trabajadores en el acatamiento de la conciliación, porque simplemente es un enfriamiento por 15 días para que las partes se puedan sentar a negociar sin ningún tipo de condicionamiento ni presiones, y la verdad es que hoy la realidad es que no se puede establecer una negociación con estas medidas de acción directa tan salvajes”.

Sobre si los plazos de la conciliación están vencidos o no, el fiscal de Estado sostuvo que los plazos son a partir de que las partes se sientan a negociar en la conciliación, si bien la norma prevé el acatamiento de forma inmediata, no establece un plazo para que ello se produzca, con lo cual no hay un fenecimiento para acatar la conciliación, “la ley establece que una vez acatada, está el plazo de 15 días durante los cuales puede extenderse la negociación”.

Qué va a pasar si sigue prolongándose esto en el tiempo, hay otras instancias de negociación. “Eventualmente, eso lo tiene que evaluar la autoridad de Trabajo, si le da intervención o no al Ministerio de Trabajo de la Nación, el que sí tiene potestad de contralor sobre la vida gremial de una entidad sindical, como la remoción o suspensión de su personería jurídica y eventualmente una intervención, pero eso habrá que evaluarlo eventualmente desde la provincia, si decide dar ese tipo de intervención o no”, sostuvo.

Finalmente, indicó que hoy “estamos esperando la resolución del fallo de Cámara, pero retomo una mención que hizo uno de los camaristas hoy, el que dijo que entendía que esto había llegado a un punto irrazonable y que una de las maneras de demostrar razonabilidad era poder sentarse a negociar sin ningún tipo de condicionamientos, pidiéndole al gremio que sería bueno demostrar un gesto de voluntad levantando las medida de acción directa, que en definitiva perjudican a nuestros niños”.

Toma de la Adosac

Sobre la acción de un grupo de padres y estudiantes de tomar la sede de la Adosac provincial, en cuyo interior se encuentran integrantes de la comisión directiva, encabezados por el propio Pedro Muñoz, Ramos señaló no estar de acuerdo. “Yo creo que ninguna toma de establecimientos, sean públicos o privados, se debe hacer, creo que es necesario dialogar y ese diálogo no se puede hacer con condicionamientos o presiones. No se puede pretender dialogar cuando en realidad se están cortando rutas, calles, se impide el acceso a los yacimientos petroleros, se hacen escraches, se toman establecimientos educativos, sin dudas, no es la manera de llevar adelante un diálogo”, concluyó.