El fiscal de Estado señaló que presentarse a la Justicia era lo único que restaba por hacer de parte del gobierno provincial. También aseguró que la separación de Segovia, Retamozo y toda la comisión directiva es “transitoria”, hasta tanto se expida la federación, la única que, por ley, tiene facultad para intervenir en la vida sindical, más allá de las sanciones del Ministerio de Trabajo.
El funcionario señaló que los hechos que motivaron este pedido son de público conocimiento y tienen que ver con tres situaciones. La primera es “el conflicto intrasindical dentro de la comisión directiva, por el otro lado, las reiteradas desobediencias o al menos la disociación que existe entre la comisión directiva y las bases del gremio respecto al acatamiento de las resoluciones y notificaciones del Ministerio de Trabajo, y el tercer elemento es el perjuicio económico que le causa a la provincia este paro petrolero, por la pérdida de regalías y su consecuente coparticipación a todos los municipios, por lo cual se ve afectada toda la población de la provincia”, señaló.
Respecto de la sentencia emitida por el juez Albarrán (ver aparte), el fiscal señaló que la misma dio lugar al pedido de la medida cautelar y dispuso “la suspensión de toda la comisión directiva del sindicato”, pero aclaró que “dicha suspensión es temporal, transitoria, porque se extiende hasta tanto la Federación Argentina de Petróleo se expida de acuerdo a esta situación y adopte alguna medida que tienda a normalizar la actividad de los yacimientos”.
Relató Ramos que “en el transcurso de ayer se efectuaron las notificaciones tanto al sindicato como a la federación, por un lado y al Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Trabajo de la provincia por el otro”.
El Ministerio de Trabajo decidió ayer por la tarde nombrar al delegado de dicha cartera en Caleta Olivia, Roque Vitale, para que se haga cargo del gremio, hasta tanto llegue la decisión de la federación, para garantizar la continuidad de la actividad sindical del gremio.
Carlos Ramos recordó que “cualquier intervención sólo la puede realizar la propia federación, por lo cual el juez hace una suspensión temporal hasta que se expida la federación, más allá de las medidas que pueda adoptar el Ministerio de Trabajo de la Nación, las cuales van desde sanciones conminatorias hasta la pérdida de la personería jurídica”.
Ahora bien, mientras que el sector de Héctor Segovia ya adelantó que apelará la medida, el grupo disidente de Rubén Retamozo señaló que decidirán los pasos a seguir en una asamblea que podría ser convocada recién el próximo lunes. Podría ocurrir que ambos sectores desconozcan tanto la decisión judicial como la del Ministerio de Trabajo. Ante ello, el fiscal de Estado aclaró: “Desde la provincia hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, que es pedirle a la Justicia la intervención, a su vez la Justicia hace lo que está a su alcance, que es exigirle a la federación que intervenga, que es la única que puede determinar un cambio en la vida institucional de este sindicato, más allá de la intervención paralela que pueda realizar el Ministerio de Trabajo, habrá que esperar en las próximas horas cómo se va resolviendo esto”, concluyó.
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