Las tomas de terrenos volvieron a reflejar el grave problema que la provincia de Salta sufre en materia habitacional. Las ocupaciones no necesariamente responden a la lógica de punteros políticos que especulan con presionar al Estado para obtener terrenos que luego venden. Sino que hay familias, y muchas, que no tienen dónde vivir y son víctimas de la burocracia y corrupción. Pagar un alquiler les resulta cada vez más difícil y las usurpaciones son la única respuesta que encuentra ante la inacción del Gobierno. Para quienes lo padecen, la falta de un terreno o de una vivienda no es un problema, es un flagelo. Ante una demanda que supera la capacidad del Estado para dar respuesta, la cantidad de viviendas que se construyen por año es insuficiente al igual que los terrenos que se distribuyen.

Basta con observar los asentamientos que existen en la ciudad e interior de Salta, donde la pobreza se manifiesta en su máxima expresión y allí donde la luz, el agua y el gas son un privilegio.

Para entender la demanda habitacional en la provincia, se debe clasificar previamente a los demandantes. Por un lado, están aquellos que solicitan viviendas sociales. Según el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) el número de estas familias que se encuentran inscriptas en el organismo, asciende a 23.000. No obstante, si se añaden aquellas que no tienen vivienda y que no están inscriptas en el IPV, el déficit llega a 32.719 familias. Por otro lado, están aquellos que solicitan solo un terreno para construir. En su mayoría son familias numerosas y de escasos recursos que en caso de recibir un lote levantan viviendas precarias sin la solicitud de los permisos para ejecutar construcciones, por lo que son ilegales. Si nos les otorgan los lotes, se asientan y construyen. Así nacieron numerosos asentamientos como Gauchito Gil y Los Sauces, entre otros. Los inscriptos en la Subsecretaría de Tierra y Hábitat que esperan un terreno llegan a 10.500.

Los primeros están sujetos a la cantidad de viviendas que se construyen por año. Si logran acceder a una casa, reciben viviendas sociales de 54 metros cuadrados que abonan en cuotas -previo desembolso inicial- durante casi dos décadas. Hay familias que están inscriptas hace 20 años y aún no tienen respuestas. Hasta el surgimiento del Programa Crédito Argentino para la Vivienda Unica Familiar (Procrear), acudir al IPV era la única alternativa para los que no pueden comprar una casa. De otro modo, solo quedan supeditados a las viviendas que el Gobierno de Salta construye por año con fondos provinciales y nacionales. Sin embargo, el ritmo de construcción de casas en Salta con los aportes del Fondo Nacional de Viviendas (FONAVI) fue decreciendo durante los últimos años. Entre 2007 y 2011, solo se construyeron 1.295 viviendas FONAVI, alrededor de 259 por año. Ese valor representa la mitad de lo que se construyó en el quinquenio anterior (2002-2006): 3.089 viviendas, unas 617 por año con fondos que Nación envía. Por otro lado están las viviendas que construye la provincia con fondos propios, y que prevé para 2014 unas 3.000 viviendas. No se pueden pasar por alto los módulos habitacionales que se entregaron en calidad de viviendas a familias humildes y numerosas en Salta, Cafayate y Rosario de la Frontera. Tienen 15 metros cuadrados. Un baño y una habitación. No tienen gas ni cocina. Se construyeron en consonancia con el índice de hacinamiento que golpea a muchas familias salteñas. Según el último censo, en el 8,9% de los hogares en la provincia, la gente vive hacinada.

El faltante de viviendas no es un problema que solo afecta a los salteños que habitan en capital. En el departamento Orán, por ejemplo, la demanda de viviendas llega a 10.531, mientras que en San Martín es de 10.834. En Rivadavia, 4.095 familias necesitan una casa y en Rosario de Lerma, 1.931 -según el último censo-.

Hay otros departamentos que también tienen elevadas necesidades habitacionales, como Anta (3.770), Cerrillos (2.115), Metán (2.167), Rosario de la Frontera (1.343), Santa Victoria (864), General G�emes (1.728), Chicoana (1.467), Cafayate (1.086) y La Caldera (448), entre otros.

Detrás de los inscriptos en el IPV, están los asentados. Llamados “okupas”, son aquellos que conforman los asentamientos tras la falta de respuesta del Estado a la demanda habitacional. Según un estudio que realizó hace pocos meses la Organización No Gubernamental Techo, en la provincia de Salta hay 147 asentamiento en los que se distribuyen alrededor de 18.500 familias.

El Tribuno visita semanalmente distintos asentamientos. Y lo cierto es que las características son similares entre éstos. La pobreza, la indigencia y la marginalidad están siempre presentes. La falta de servicios es lo que le aporta el principal sello. Días atrás, en las oficinas de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, 300 personas pertenecientes a distintos asentamientos reclamaban la urgente instalación de los servicios que fueron prometidos. En algunos casos hace 30 años -como Los Sauces- y en otros -Gauchito Gil por ejemplo- hace 5 años. Entre el lunes y martes esperan una respuesta, según dijeron a El Tribuno, el día de la protesta.

Otro detalle a considerar de los asentamientos es que las construcciones son ilegales. No se declaran porque no cuentan con planos, ni escrituras. Sin embargo, algo similar ocurre en los barrios de la ciudad. Según informó la Municipalidad de Salta, el 70% de las ampliaciones -en los barrios- no se declaran.

Entre los tipos de vivienda, es clave remarcar que hay 14.806 ranchos y 34.485 hogares con pisos de tierra.

El déficit habitacional se incrementa fuertemente si se consideran las 42.038 casas en estado de “irrecuperabilidad”, es decir que no se pueden arreglar sino volver a construirlas. Ese valor es el que calculó la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación para Salta.

Las ocupaciones, entre la necesidad y la especulación

Las ocupaciones que sucedieron en las últimas semana fueron claves para que el Gobierno entendiera la dimensión de la problemática habitacional, e incluso modificó el sistema de distribuir lotes. Ahora será por sorteo y no por discreción.

En el barrio San Remo, sobre un terreno de 39,6 hectáreas que el Gobierno le expropió a la familia Burgos, se asentaron 1.500 familias. Tras una orden de desalojo expedida por el Juzgado de Garantías N§4, el viernes desalojaron el lugar voluntariamente tras varias negociaciones fracasadas con el Ejecutivo.

Pero esa ocupación tuvo una característica particular, pues permitió que se divisara claramente entre aquellos que estaban por especulación y quienes realmente necesitaban una casa. Los primeros, fueron quienes abandonaron antes tras las promesas del Gobierno de nuevas urbanizaciones. Promesas que se repitieron en reiteradas ocasiones sin resultados algunos. Incluso, promesas de candidatos políticos durante las elecciones para ocupar espacios. Los segundos, las familias con reales necesidades se resistieron hasta último momento de dejar el predio. Lo hicieron por temor a que en el desalojo por la fuerza, algún niño o mujer embarazada fueran dañados.

En solo una semana, ese asentamiento se había convertido en una ciudad precaria. Había lugares destinados para la higiene, un merendero y hasta ollas comunitarias. Pese a que los que se marcharon voluntariamente lo hicieron con la sensación de lucha fracasada, hubo un solo elemento que los mantuvo con esperanzas. La idea de crear un movimiento de lucha por tierras y viviendas, con características similares a los que existen en otros países. Antes de marcharse, aseguraron en asamblea que serán un dolor de cabeza para aquellos funcionarios que no quieren respetar el derecho de acceso a una vivienda.