Las estadísticas de la Policía de la provincia y del Poder Judicial local son contundentes al dejar expuesto el lado “grueso” del delito en nuestra provincia. Es que por mes se radican más de 2.000 denuncias en las 11 Unidades Judiciales -también se suman las comisarías del interior- y más del 62% corresponde a hechos de delitos contra la propiedad.

Los datos corresponden al informe presentado por la Corte de Justicia a la comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la cámara de Diputados y al informe de gestión que efectuara la fuerza mayor de seguridad para ser presentado por el exministro de Gobierno, Francisco Gordillo, en su interpelación en la cámara de Senadores a mediados del año pasado.

Del cotejo de los datos de los dos informes surge la cifra cabal sobre la problemática de la inseguridad en la provincia: 26.435 denuncias radicadas en todo 2013 y 12.563 en la primera mitad de 2014, permiten prever un total similar al período precedente para fin de año.

Las estadísticas muestran que, en promedio, entre 2013 y 2014 se registraron aproximadamente 2.200 denuncias por hechos delictivos por mes. Esto totaliza un asombroso promedio de 200 denuncias mensuales por Unidad Judicial y tan sólo 7 deposiciones por jurisdicción cada 24 horas.

Las mismas cifras son inferiores si se observa el apartado de los informes policial y judicial con respecto a los períodos 2010, 2011 y 2012. En 2010 se radicaron 21.704 denuncias, promediando 1808 por mes; en 2011, 20.485 denuncias en todo el año, arrojando un promedio de 1.707 mensuales; y en 2012 un total de 22.198 denuncias, que permiten promediarse en 1.849 deposiciones por mes.

A pesar de la primera perspectiva de las cifras, cabe destacar que la tendencia de las denuncias por supuestos delitos contra la propiedad se ha mantenido desde el año 2010 hasta 2014. Es que durante los años precedentes el promedio de denuncias por este tipo de ilícitos alcanzó entre el 48 y el 57 por ciento del total.

El sistema de Justicia

La situación de las actuales estadísticas por hechos delictivos de esta índole se ve agravada cuando se revisan nuevamente los datos del trabajo de las Unidades Fiscales. Tan sólo 330 causas que cuentan con un requerimiento de elevación a juicio en todo 2013, sin contar 237 pedidos de archivo y 118 sobreseimientos, totalizando la otra mitad de los casos resueltos.

En el mismo sentido, es clave tener en cuenta que sólo el 54% de las causas que llegan a juicio efectivamente encuentran un veredicto con condena para la persona que llega imputada a debate oral y público, mientras que el resto hallan sentencias de absolución y suspensión del juicio a prueba.

Esta última categoría ha mostrado un importante crecimiento en los veredictos de los dos magistrados de los juzgados Correccionales (ver aparte).

Si bien las estadísticas de las dos fuentes -Policía y Poder Judicial- ofrecen un panorama sobre la situación del delito en todo su recorrido desde la comisión hasta una eventual sentencia, cabe destacar que los datos no contemplan los hechos que no son denunciados por los damnificados y que podrían engrosar las cifras considerablemente.

Tendencia

Desde 2010 y hasta 2014, las denuncias radicadas por supuestos delitos contra la propiedad comprenden entre el 48 y el 57 por ciento del total de las deposiciones.

Judiciales

Según el informe de la Corte de Justicia, cada Unidad Judicial recibe -en promedio- solamente 7 denuncias cada 24 horas, totalizando un total de 200 deposiciones por mes.

La suspensión del juicio a prueba, en alza

La suspensión del juicio a prueba es una modalidad que ha adquirido gran relevancia en las sentencias de los magistrados de los juzgados Correccionales nº1 y nº2. Es que en estos dos espacios se ha triplicado el uso de este recurso según las estadísticas judiciales. De 25 probations dictaminadas durante 2011, el número se vio súbitamente elevado a 78 en total en 2013 y 77 en el período 2012. Cabe destacar que el mismo recurso ha sido usado también por los magistrados de las cámaras Penales: mientras que en el año 2010 un total de 6 casos fue suspendido a prueba, desde 2011 en adelante el promedio fue de 25 casos pasados a probation.

Probation

Esta modalidad judicial -relativamente nueva en nuestro Código Penal- está legislada en el artículo 76 bis. El mismo reza que “el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba”. Esto habilita al juez a tomar la decisión de no realizar el juicio si se cumple una serie de requisitos. “El imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente”, prosigue el articulado, aclarando que “la parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida”.