“A minutos de comenzada la sesión los Legisladores Radicales, junto a la diputada de Encuentro Ciudadano pidieron al Gobierno y al Ministro de Gobierno Barreto, que se encontraba presenciando el debate parlamentario, que garanticen la seguridad de los manifestantes que se encontraban frente a la Cámara de Diputados, enviando al lugar la policía provincial para mediar y separar a las dos marchas que allí se desarrollaban”, señalaron.

De este modo aseguraron que “los Diputados de la oposición hicieron responsables a los Legisladores y al Ministro de cualquier incidente que pudiera ocurrir debido a que la manifestación de la UOCRA había surgido luego de una convocatoria oficial a defender al Gobierno y de que la policía no se hallaba presente, de manera llamativa”.

Bloque

“En ese momento los Diputados del Frente para la Victoria dijeron sentirse más seguros que nunca ante la presencia de un fuerte grupo de choque con probada efectividad como los trabajadores de la construcción”.

Minutos después de eso en la puerta de la legislatura se desató la agresión por parte de los defensores del modelo oficialista, quienes atacaron con palos, piedras y botellas a los trabajadores de la administración pública.

“La responsabilidad de lo sucedido fue claramente del gobierno, quien no solo convocó a su fuerza de choque, la misma que ya había golpeado al Diputado Hallar y que había golpeado a los trabajadores de comercio y sindicalistas hace algunas semanas, sino que además liberó la zona y dejó encomendados a ellos la seguridad de la zona”, remarcó Nadia Ricci.

Por su parte el presidente del Bloque UCR, Omar Hallar remarcó que “advertimos que esto podía pasar, pedimos la acción de las fuerzas de seguridad para garantizar el desarrollo pacifico de las manifestaciones, pero es obvio que se buscaba esto para amedrentar a los trabajadores. Resulta inadmisible que un gobierno que dice defender los derechos humanos y los derechos de los trabajadores recurra a estas prácticas patoteriles para lograr la sanción de una norma que perjudica el salario y la jubilación de los trabajadores de la administración pública”.

Según indica el comunicad emitido al momento del tratamiento del proyecto desde el radicalismo se reclamó la falta de presentación de los balances de la Caja de Previsión Social de los últimos 15 años y se remarcó que resulta imposible tratar un cambio en la ley de jubilaciones sin conocer cabalmente como se manejo el sistema en todos estos años, que el artículo que define el financiamiento no fue modificado, que no se puede hablar de pérdidas o ganancias sobre el derecho constitucional de la seguridad social.