Mientras el gobernador Francisco Pérez busca mostrarse activo visitando comisarías y fiscalías y hasta participa de allanamientos, el radicalismo volvió a cuestionar las acciones del Gobierno y le reclamó \"medidas estructurales\" para mejorar la seguridad.

A partir de los recientes homicidios y luego de la dura derrota electoral en las PASO de agosto, el Ejecutivo provincial salió a imprimirle otro ritmo a la gestión. Por un lado, Pérez decidió reemplazar a Emilio Caram por Sergio Rocamora en la subsecretaría de Seguridad. Otra de las medidas concretas fue presentar la ley que crea la Policía Judicial, en el marco de la Suprema Corte de Justicia. Y decidió llamar al diálogo a las fuerzas de la oposición, aunque este último punto no se cumplió.

Por eso, desde el radicalismo volvieron a marcarle la cancha a Pérez, presentando la base de lo que consideran un programa integral de seguridad. Según los radicales, este plan cuenta \"con medidas estructurales y operativas que el Gobierno debería tomar en forma urgente para lograr resultados en el corto plazo\".

A su vez, recordaron que algunas de estas leyes ya han sido tomadas en cuenta por el oficialismo, como la Policía Judicial, el banco de ADN y el defensor del policía.

Sin embargo, y más allá de la \"cooperación\" en la Legislatura, la cúpula radical afirmó que el Gobierno \"debe tomar medidas urgentes\".

En su Programa Integral de Seguridad, los radicales le sugieren a Pérez:

- Es indispensable, a corto plazo, dotar a los distintos cuerpos policiales con equipamiento de última tecnología, como dispositivos de huellas dactilares, lectores de documentación personal y vehicular y scanner. Esto permitirá que desde los móviles policiales y en los puestos fronterizos se puedan identificar armas, droga y autos robados, entre otros.

- También sería de suma utilidad la creación de la Policía de Control Interprovincial, ya que el desplazamiento interjurisdiccional del delito, incluida la trata de personas y el tráfico de menores ha aumentado y requiere coordinación de los estados provinciales.

- El Ejecutivo debería accionar en forma urgente y enérgica sobre los desarmaderos de autos. Vemos con asombro cómo se reconoce desde el Ministerio de Seguridad la existencia de estos comercios clandestinos y no se procede a su clausura.

- Es necesario aumentar la carga del sistema AFIS, mediante la incorporación de huellas durante el otorgamiento o la renovación del carnet de conducir, lo que posibilitaría realizar en forma más rápida la identificación de sospechosos o delincuentes.

-Para evitar que los condenados vuelvan a reincidir en el delito, y que no se repitan situaciones de extrema violencia donde delincuentes con libertad condicional están involucrados en crímenes como el de Matías Quiroga, es urgente aplicar la Ley de Ejecución de la Pena. Pero, paralelamente, generar un apoyo social y un control de su conducta, mediante personal de la Dirección de Promoción del Liberado.

-Se necesita fortalecer y reintegrar al Instituto Universitario de Seguridad Pública la formación del personal penitenciario y establecer formación contínua y reentrenamiento al personal policial en forma anual. Se debería generar indicadores de medición del desempeño de las comisarias y subcomisarias de la provincia, para conocer al detalle el funcionamiento de cada una y, con ese diagnóstico, tomar las medidas necesarias para optimizar el servicio.

-Resulta indispensable que deje de ser una promesa y se ponga en marcha la eliminación en forma gradual de los policías que realizan tareas administrativas e incorporar más efectivos en comisarías y patrullaje. Para esto, proponemos una reingeniería del sistema administrativo, con la digitalización de expedientes y personal sumamente capacitado en las oficinas.

-Para fortalecer a la Inspección General de Seguridad, organismo creado en 1998, se le deben otorgar las facultades sancionatorias de las que tanto se ha hablado. En un plazo mínimo de un mes, se debería modificar su cometido, de manera tal que la responsabilidad de control y sanción sea exclusiva de este órgano.

“Además de las leyes propuestas y aceptadas por el Ejecutivo, consideramos que en el mediano y largo plazo es necesario sumar otras iniciativas: crear los Juzgados contra el Maltrato, con competencia para atender violencia de género, intrafamiliar y protección de niños, niñas y adolescentes y los Juzgados de Faltas, como así también modificar el Código Contravencional que data de 1965”, aseguraron.

Asimismo, sumaron la agilización de las causas penales, incorporando el expediente virtual y la oralidad en los procesos; la implementación del Código Procesal Penal en toda la Provincia, y permitir la radicación de denuncias en Unidades Fiscales y Comisarias de toda la provincia. A esto, le agregan la sanción de una ley provincial de control de delincuentes sexuales y protección a víctimas de abusos sexuales y establecer normas sobre paternidad responsable, sancionando a los padres cuando incumplan sus deberes y coloquen a sus hijos en una situación de riesgos para sí o para terceros.

En medio de la campaña electoral y a falta de un mes para los comicios del 27 de octubre, los radicales sostuvieron que se requieren de una política de Estado \"que escape a anuncios cortoplacistas de gobiernos apremiados por la necesidad de dar respuestas y se enfoque en combatir decididamente el delito y las causas que lo generan”.