Desde la Legislatura, el radicalismo se unió para criticar fuertemente la decisión del gobernador, Celso Jaque, de iniciar el proceso de renegociación de los contratos petroleros por decreto.

Diputados y senadores de la UCR aseguraron que el Gobernador "equivoca el camino" pretendiendo llevar adelante una negociación "a puertas cerradas" que implica un negocio de 20 mil millones de dólares durante los 10 años de prórroga que se les otorgaría a las empresas.

Además de acciones políticas no descartan recurrir a la justicia para frenar la medida de Jaque.

"Con la sanción de una ley marco pretendíamos darle seguridad jurídica a la negociación y más fortaleza al Gobierno para pedir lo máximo, pero sorpresivamente el Ejecutivo avanzó por su cuenta" , expresó el senador y presidente del partido César Biffi, quien fue el representante partidario en la mesa política que armó Jaque para discutir el tema.

Con la norma pretendían establecer el mecanismo para fijar el valor llave, el porcentaje de regalías, la remediación ambiental y también prever que puede pasar con los yacimientos que aparezcan a futuro y que no tendrían impacto en el monto fijo extra.

"El decreto tiene condiciones insuficientes", agregó el senador Víctor Salomone.

A mediados de julio pasado, el mandatario provincial firmó un decreto convocando a las empresas interesadas en prorrogar por 10 años más la concesión de las áreas petroleras que vencen entre 2015 y 2017. Son nueve empresas que manejan 31 áreas de la provincia.

A partir de ahí, el Gobernador en persona y los principales referentes de la oposición acordaron elaborar y sancionar una ley que establecía las pautas mínimas que debía tener en cuenta el Ejecutivo para la renegociación de esos contratos. Entre los ítems que sobresalen, está el codiciado valor llave. Es un pago extraordinario que deberán efectuar las empresas. Las estimaciones indican que ese monto podría implicar para el Estado un ingreso extra de 300 millones de dólares.

"El Ejecutivo nos convocó sólo para entretenernos y evitar un planteo de inconstitucionalidad al decreto de convocatoria", sintetizó el jefe del bloque de senadores Armando Camerucci.

Es que, el pasado fin de semana, Jaque plasmó en un segundo decreto (3089/10) esos principios básicos que la oposición pretendía fijar por ley y los dejó con la boca abierta.

"En la Legislatura nos dijeron que la ley se aprobaba en noviembre y estamos en diciembre. No puedo esperar más y lo saco por decreto", anunció Jaque el sábado.

El martes por la tarde, el ministro Francisco Pérez defendió la actitud oficial ante los legisladores de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y desechó las críticas opositoras ya que "se incluyó en el decreto las sugerencias realizadas por los senadores Biffi y (Carlos) Aguinaga (PD)".

En lo inmediato, los radicales intentarán meter presión para conseguir el despacho de la comisión de Energía del Senado con el fin de bajar al recinto el proyecto de ley que fija los parámetros sobre los cuales debería moverse el Ejecutivo al momento de sentarse a negociar con las petroleras.

Y, fuera del plano de las urgencias, adelantaron que están muniéndose de instrumentos legales con vistas a una posible acción judicial contra el decreto 3089/10.