Desde la Unión Cívica Radical (UCR) le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, que disponga todas las medidas a su disposición para aclarar las amenazas recibidas por Alberto Lebbos y por funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.

Según los opositores, los hechos constituyen un cuadro de extrema gravedad institucional ante la ausencia de un Estado impotente para desarrollar políticas de prevención y seguridad.

En una declaración firmada por Juan Roberto Robles (secretario general) y Jorge Mendía (tesorero), la Junta de Gobierno de la UCR advirtió que el Poder Ejecutivo “es cómplice en el clima de violencia que viven los tucumanos desde hace varios meses”.

“En particular - advirtieron - está demostrada su vinculación en el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos. También, cargaron contra el Ministerio Público de la Justicia a quien acusaron de trabajar con obediencia debida al Poder Ejecutivo para asegurar la impunidad de los funcionarios y familiares del poder”.

“Creemos que es la Corte Suprema de Justicia, como último garante de la Constitución Nacional y demás leyes fundamentales, debe ejercitar inmediatamente su poder de Superintendencia y disponer todas las diligencias necesarias y conducentes para que cese este estado de violencia que se pretende crear ante el abandono de gobierno de sus actuales autoridades. Tan sólo la Corte tiene la autoridad jurídica é institucional para el imperio de la ley”, expresaron los radicales.

La Junta de Gobierno de la UCR instó, además, a todas las fuerzas políticas democráticas, organizaciones sindicales, entidades profesionales, de la producción y organizaciones sociales a trabajar conjuntamente por la reparación de la República.

“Se trata de un paso indispensable para recuperar la paz social”, concluyeron.

Desde el Partido Obrero

“Las recientes amenazas telefónicas a Alberto Lebbos y funcionarios judiciales y gubernamentales se da en el marco de avances parciales en el juicio que se lleva adelante por la causa Paulina. En las distintas indagatorias salta a la luz la complicidad de los aparatos policiales en el encubrimiento del crimen de Paulina. El entrelazamiento del poder, la policía y la justicia, con los negocios mafiosos del juego, la trata y la prostitución es manifiesta”, lo sostienen desde el Partido Obrero por medio de un comunicado de prensa. “El fallo que condenó por encubrimiento a los policías involucrados en el hallazgo del cuerpo de Paulina ha sido un golpe al gobierno de (José) Alperovich y la policía provincial. Evitar que se ponga al descubierto el entramado delictivo, que parte del riñón de las fuerzas policiales, es una tarea de primer orden para los encubridores de este aberrante crimen. La causa Paulina está metida en los intersticios del poder, pretende servirse de este tipo de amenazas para consumar la impunidad” señalaron en el escrito.

“Desde el Partido Obrero repudiamos las amenazas contra Alberto Lebbos y los funcionarios amenazados.

* Exigimos una investigación integral de la causa Paulina, que incluya funcionarios políticos, familiares de los mismos, poder judicial y la policía.

* Exigimos la apertura de todos los archivos de la policía y del Ministerio de Seguridad para que se pueda avanzar en la investigación y el castigo a los culpables del crimen de Paulina y de todos los crímenes impunes”, finalizaron desde el Partido Obrero con la firma de los dirigentes Daniel Blanco y Martín Correa.

Cabe recordar que el sábado tomó estado público que la fiscal que investiga una presunta sedición de policías antes y durante los saqueos del año pasado, un funcionario provincial y el padre de Paulina Lebbos, la joven asesinada en 2006, habían recibido amenazas vía telefónica.

Los mensajes, coincidentes en sus términos, les piden que "dejen de joder a la Policía" o de lo contrario van a sufrir las consecuencias ya que "van a ser ´boleta´", según las amenazas realizadas.

Los destinatarios son Alberto Lebbos, padre de Paulina, la fiscal Adriana Gianonni y el secretario de Seguridad, Paul Hofer, todos vinculados con las investigaciones a la Policía.

Gianonni, titular de la fiscalía VIIIª, investiga una presunta sedición de policías antes y durante los saqueos de diciembre en Tucumán, denuncia que fue impulsada por los funcionarios de seguridad, entre ellos el secretario Hofer. Lebbos, por su parte, lleva adelante denuncias contra la Policía por encubrimiento en la investigación del crimen de su hija, y hace unas semanas fueron condenados tres ex integrantes de la fuerza en un juicio en el que también estuvieron involucrados ex jefes de la repartición.

Lebbos se presentó ante la fiscala de Feria, María de las Mercedes Carrizo y radicó la denuncia y aclaró que "no es la primera amenaza que recibo pero no vamos a parar hasta que se sepa quién mató a mi hija y quiénes encubrieron el crimen", advirtió.

Paulina desapareció el 26 de febrero de 2006 y su cuerpo fue hallado el 11 de marzo de ese año en un barranco ubicado al costado de la ruta 341, en Tapia, aunque habría sido estrangulada el día de su desaparición.