A poco de cumplirse 2 meses de la puesta en marcha de los operativos de control de velocidad por parte de la Guardia Urbana Municipal (GUM), ninguna de las actas labradas fue remitida desde la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial (organismo que las recibe y fiscaliza en primera instancia) al Juzgado de Faltas local para que proceda a su cobro.

   Esto implica carecer de cifras concretas para realizar las primeras evaluaciones en cuanto a la cantidad de infracciones realizadas, y la validez de las mismas a partir de los datos tomados por los agentes de la GUM.

   “En general se observa un mejor comportamiento en los conductores y una actitud de respeto por las velocidades”, mencionó hoy a este diario el subsecretario de Gobierno y Protección Ciudadana, Andrés Castillo.