Repasemos cual es el ranking de demandas de los mendocinos en la actualidad. En una medición reciente, solicitamos a nuestros comprovincianos que nos respondieran, de manera “espontánea”, cuáles eran las situaciones que más le afectaban en el plano personal. El 27,7% señaló la inseguridad; el 21,3% la inflación; el 10.6% los bajos salarios; el 10,4% el desempleo; el 8,2% la salud; el 6.8% la falta de vivienda; el 5,4% la educación; el 2,9% la corrupción; el 1,1% la falta de inversiones; el 1% la minería; el 3,25% “otro” y el 1.35% no respondió.

Si ahondamos simultáneamente en la situación de Mendoza en términos macro, advertimos que una porción de la masa crítica provincial reconoce que debemos darle preponderancia a la inversión en infraestructura de caminos, de riego – comenzando por un balance hídrico para saber de cuánta agua disponemos cuenca por cuenca -, a la ampliación de nuestra matriz energética – hoy prácticamente agotada –, a la detención del éxodo rural hacia la Ciudad – uno de los factores más influyentes en el incremento de la pobreza -, entre otras necesidades acuciantes que fueron oportunamente expuestas en una columna anterior. Como se observa, la reforma no aparece ni remotamente entre las principales peticiones de los mendocinos.

Desde el gobierno en cambio, se enarbola la modificación de la Carta Magna como una de las máximas aspiraciones de la gestión. La administración de Pérez lo tiene en ciernes desde el minuto uno de su asunción y no ha ahorrado en gestos para alcanzar su concreción. En diciembre del año pasado, el gobernador anunció su deseo reformista sin excluir la posibilidad de su propia reelección. A partir de entonces, la disputa se instaló en la provincia.

El debate por la reforma, no sólo desató una fuerte compulsa entre oficialismo y oposición, sino que impactó fuertemente en el seno del radicalismo dejando herida la endeble unidad de la UCR local.

La instalación de la reforma en la agenda de los mendocinos

A sabiendas que la actualización de la Constitución no constituye una prioridad para la ciudadanía local, el gobierno se lanzó a posicionar el tema a través de diversas acciones: publicidad, debate entre formadores de opinión, etc. Y no está mal que lo intente, el problema es el método.

Entiéndase que no se busca denostar la necesidad de la reforma. Por el contrario, los mendocinos nos merecemos una Constitución adaptada a los tiempos que corren. Sucede que en política prevalece el sentido de la oportunidad y como consecuencia, muchas veces el momento y las formas, pueden ser más determinantes que la cuestión de fondo.

La dificultad del objetivo reformista radica básicamente en el “metamensaje”. Si lo que percibe el ciudadano es que su imposición se mide en términos de “botín político”, entonces el proyecto estará destinado fácticamente al fracaso. En épocas en que los ánimos sociales están por demás exacerbados - imposible soslayar que las convocatorias del 13-S y 8-N tuvieron entre las consignas más relevantes el rechazo a la reforma –, el gobierno debería reformular la manera de consensuar el proyecto con la sociedad.

Por qué no apartar definitivamente la discusión del proyecto, de cualquier especulación política. Quizás repensar una nueva Constitución que además de los avances contemplados en el articulado propuesto, siente las bases del perfil socio-productivo para la Mendoza de los próximos 50 años. Así, la iniciativa tal vez logre generar empatía en conjunto de la población. Todo un desafío para la gestión de Paco Pérez.