“A la propiedad privada hay que respetarla”, replicó el intendente Francisco Barba Gutiérrez, al segundo día de ocuparse las tierras en Bernal, tras reconocer que las tomas eran un “delito”. “Estoy preocupado porque se genera una psicosis colectiva, de desesperación, y ése es un método que trae consecuencias”, afirmó, como anticipando el escenario que le explotaría en su distrito.

Lo que se leyó al principio como un efecto directo de los hechos acaecidos

en Villa Soldati (que terminaron con varios muertos luego de la represión policial), fue progresivamente prolongándose, hasta convertirse en una problemática pública.

De los primeros días y el desembarco en la propiedad del frigorífico abandonado Finexcor, al traslado a una cancha de fútbol lindera, a una sumatoria de acciones que desnudaron una realidad ya ineludible en el Municipio y en la provincia de Buenos Aires: la demanda habitacional.

Las cifras se muestran claras en Quilmes: ocho terrenos ocupados, 2.600 familias urgidas de viviendas protagonizando los reclamos, la mitad de éstas afincadas en dos depósitos pertenecientes a la industria cárnica, y las tomas que cumplen un mes de existencia.

Los predios involucrados son: frigoríficos Finexcor (el mayor de todos, presenta 16 hectáreas) y Penta, ambos en Bernal. Los otros seis se ubican en villa La Matera y San Francisco Solano, y en puntos específicos del distrito quilmeño, como los fondos de la fábrica Sayonara sobre el arroyo, el de la calle 816 y el arroyo, la cancha de fútbol del club propiedad del “Gaucho Darío”, Laprida entre Blas Parera y Vélez Sarsfield; el terreno de calle 826 y 887 y una obra en construcción del Centro Integrador Comunitario (CIC) Santo Domingo, en la zona conocida como Triángulo de Bernal.

Reacciones y planes

Luego de las respuestas gubernamentales que se desplegaron difusas, ganadas por el desconcierto y la incertidumbre, el acompañamiento a los vecinos prometiéndoles la inclusión en un programa de viviendas, y las críticas del Ejecutivo municipal que reprodujeron la postura nacional de considerar a este accionar un delito a la propiedad privada, se trazaron dos vías de escape para este cuadro intrincado.

Una de ellas se centró en la negociación de la compra y venta de los terrenos. Es decir, la comuna seduciría a los dueños para obtener los espacios, los urbanizaría y, posteriormente, gestaría el convenio de acceso a los mismos a través de un sistema de cuotas, que los beneficiarios alcanzarían abonando sumas adaptadas.

Sobre esta idea actualmente giran dos análisis. En el primero se indica que,

como la mayoría de los predios pertenecería a empresas en quiebra o semiquebradas, la importante deuda impositiva mantenida generaría un intercambio directo con la intendencia a modo de “condonación”. En tanto, en el segundo caso, según fuentes del distrito, sólo cuatro de los ocho propietarios estarían con intenciones de vender sus posesiones, siempre y cuando los números cierren; el resto esperaría la liberación por intermedio de la fuerza pública.

Sobre este último punto se encuentran cifradas las expectativas más gruesas de la gestión Gutiérrez (que no respondió las sucesivas consultas de La Tecla); sin embargo, la escenografía es compleja y a largo plazo.

De los potenciales predios vendibles, Provincia y Nación ya efectuaron la

tasación correspondiente. Por más que la valuación fiscal sea recibida satisfactoriamente y abonada, todavía falta la posibilidad de que los propietarios puedan embarcarse en un dilatado juicio por daño y perjuicios, debido a cierta degradación de los terrenos. Además de que el gobierno declare de interés público las tierras y las expropie.

Giró el paladar

La segunda alternativa paliativa se anida en los caminos judiciales, ya que,

a fines de 2010, el juez de Garantías Marcelo Goldberg libró una orden de desalojo fechada para enero.

Desde Perspectiva Sur explicaron a La Tecla que esos plazos serían flexibles, extendiéndose hasta finales de mes, produciéndose un abandono pacífico de los territorios y sin enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, evitando por todos los medios consecuencias sociales como las gestadas en el parque Indoamericano. Extraoficialmente corre una versión

que confirma que la orden judicial labrada en diciembre de 2010 quedaría sin efecto.

En los últimos días el diálogo social instaurado en los albores del conflicto recibió una segunda estocada, luego de la inicial ejecutada judicialmente. El 5 de enero efectivos policiales de Don Bosco frustraron la novena toma de tierras en el acceso Sudeste, tras detener a seis personas.

Como corolario al escenario imperante en Bernal, y flotando siempre ante cada problemática, se despliega la interna política del Municipio que pulsea por la territorialidad.

Es que desde el oficialismo continúan cargándose las tintas contra el ex intendente quilmeño Sergio Villordo, por su supuesta “mano” detrás de algunas ocupaciones.

El hombre de Aníbal Fernádez en el distrito es sindicado como “el armador” de las tomas más pequeñas, preludio de las masivas, algunas ya desactivadas.

Empero, el rebote para la intendencia se presentó sin dilataciones, ya que

desde las huestes opositoras sembraron dudas sobre cómo se desarrollaría el reparto de tierras, si es que el conflicto logra menguar. Según su mirada, p-dría pintarse un cuadro donde “viejos punteros” sean beneficiados con fines electorales.

Cerca del mes, el nudo coyuntural no evidencia sólidas resoluciones. La de-manda habitacional hace mella en los distritos de la provincia de Buenos

Aires, y Quilmes lejos está de ser la excepción.

Según recalcan varios medios locales, en el Municipio “existen 37 villas y asentamientos; algunos ocurrieron hace treinta años, como en 1981 en San Francisco Solano, y nunca se solucionó, siguen en litigio”.