Las palabras del empresario se dieron ante las denuncias proclamadas por campesinos que manifestaron su preocupación por los deslindes que se realizaban en el terreno a fin de comenzar con los alambrados. Al solicitar un descargo por la nota publicada el 25 de agosto pasado, en la cual Olindo Juárez, Eleodoro Díaz, Hemeregilda Matorras, y Alfonso Díaz denunciaron esta situación, Barzola sostuvo que lo motiva alambrar el hecho de que "se hace explotación del monte de manera indiscriminada para la venta clandestina de madera".

"No voy a iniciar desalojos de nadie", sostuvo, al momento que indicó que el proyecto de aprovechamiento forestal y disposición de pasturas que tiene sobre tierras que según la cédula parcelaria mostrada le pertenecen, tiene la intención de involucrar a las familias que viven en el lugar. Aseguró estar en las tierras desde 1992, cuando las compró.

Indicó que el proyecto establece además la posibilidad de que la zona cuente con caminos, energía eléctrica, potreros para pasturas, y pozos de agua. "Es un proyecto para dar trabajo a entre 40 y 60 personas", aseguró.

Respecto de las autorizaciones, mostró un recibo en el cual la Secretaría de Política Ambiental cobró un total de $4560 el 16 de agosto pasado a fin de realizar una picada de 15,2 kilómetros. Sostuvo que este recibo, que implica la autorización que otorga el organismo para realizar el trabajo, se enmarca en la resolución 328/11 por la cual se reglamenta estos deslindes y permisos para picadas, para hacer alambrados.

Si bien el titular de la Secretaría de Política Ambiental, Sebastián Varela, confirmó la existencia de la resolución, hasta ayer el instrumento legal seguía sin publicarse en el Boletín Oficial. Respecto de las actas labradas por inspectores de Política Ambiental, indicó que se denunció que los trabajos se hacían sobre un catastro distinto al de el.

"Yo lo que quiero, es dar el espacio suficiente para que subsistan", aseguró, al reafirmar que lejos está la intención de sacar a alguno de los campesinos de estas tierras.

Cuestionan a Inmuebles y Ambiente

"Hay un problema de planos", sostuvo Sandra Díaz, una de las denunciantes de los alambrados, al sostener que su prima, Mónica Díaz, había consultado en la Dirección General de Inmuebles para determinar la parcela en la que se encuentran, contestándole que la parcela era la Nº 458 de Rivadavia. Esta se denomina "San José de Flores", según la información que brindó Inmuebles. Barzola, por su parte, asegura que la matrícula es la Nº 450, "Finca San José y San Joaquín". A ello se suma la autorización de Política Ambiental desde la cual, los campesinos cuestionaron la falta de aviso o audiencia para determinar estas autorizaciones.

Respecto de la situación planteada con Barzola, sostuvieron que iniciarán el juicio de posesión veinteñal.

El diputado por Rivadavia, Ramón Villa, sostuvo que no desconoce que Barzola sea dueño de las tierras, "pero también son dueños quienes no tienen papeles y vivieron allí toda su vida". Barzola aseguró que habló con todos los campesinos y avisó sobre las actividades a realizar.

Ante ello, y la existencia de la Ley que regulariza la tenencia de tierras para campesinos (aún sin reglamentar), sostuvo que lo que se debe hacer es entablar el diálogo entre las partes que se disputan las tierras.