Al comenzar el pasado mes de agosto, el municipio desarrolló una nueva tanda de compactación de automóviles confiscados. En ese momento, el secretario de Seguridad, Justicia Municipal y Control, Adrián Alveolite, explicó que “las normas vigentes nos demandan un tiempo de espera de 6 meses desde que se secuestra la unidad, luego se hacen publicaciones en el Boletín Oficial y se publican edictos en los diarios de mayor circulación para reemplazar a los titulares o a quienes detenten legítimos derechos sobre estas unidades”. 

“Se busca que los retiren bajo apercibimiento y en caso de no hacerlo, disponer estos procesos que tienden justamente a generar y recuperar espacios y a cuidar el medio ambiente, porque justamente lo que se hace previa a la compactación es retirar los fluidos, retirar las baterías y todo elemento que puedan contaminar el medio ambiente”, agregó el funcionario. 

Este miércoles, el presidente del bloque de concejales de la UCR, Nicolás Maiorano, presentó un proyecto de ordenanza para suspender por 6 meses la vigencia de la ordenanza referida al régimen de liquidación para automotores y motovehículos o partes de ellos que hayan sido materia de secuestro por la Comuna de General Pueyrredon.

Maiorano explicó que “la ordenanza 18704, sancionada y promulgada en al año 2008, estableció  un régimen de liquidación  para todos aquellos automotores y motovehículos o partes de ellos que hayan sido materia de secuestro por agentes de la Administración  en el ejercicio del poder de policía  y se encuentren depositados en los predios y dependencias de la Comuna, por un período mayor a 6 meses a contar desde la fecha de secuestro, sin que hayan sido reclamados por personas que acrediten titularidad de los mismos o derecho a su rescate, exista o no proceso contravencional”. “Dicho procedimiento puede ser tachado de excesivamente sumarísimo, en cuanto a los plazos y la modalidad impuesta por dicha norma”, añadió.

El edil radical manifestó que “hemos logrado advertir la posibilidad de que se pudiera estar incurriendo en aparentes actos ilegales en el régimen de liquidación de vehículos propiamente dicho. En el caso de generarse dicha situación, la administración estaría incurriendo en una falta grave al proceso de justicia que podría ocasionar graves perjuicios económicos para el municipio”.

“Se hace necesario suspender la vigencia de la norma, a los efectos de no generar con su vigencia actos de injusticia, y proceder a un estudio caso por caso de los vehículos”, finalizó Maiorano.