La desprotección total en la que quedaron los cordobeses el martes y el miércoles por el cese de tareas de la Policía, también dejó a la intemperie al Gobierno provincial. El terremoto en las bases del poder fue tan fuerte que en el entorno del gobernador José Manuel de la Sota ya se habla de generar “herramientas” para evitar futuros desbordes.

Concretamente, la idea que está en evaluación apunta a darle un marco legal, a través de una ley, a los reclamos salariales que involucren a sectores sensibles –la seguridad es el principal, como quedó demostrado en los oscuros días de saqueos y anarquía– y que deriven en falta de prestación de servicios básicos.

Consultado por Día a Día, Sergio Busso, jefe de la bancada de Unión por Córdoba, reconoció la necesidad de “producir un debate en la sociedad con el objetivo de garantizar la provisión de servicios públicos esenciales”. En ese marco, el legislador aseveró: “La seguridad, el transporte y la salud no pueden quedar afectados o suspendidos por medidas de fuerza” como las que llevaron adelante los agentes policiales.

Procedente de Panamá, apenas tocó suelo cordobés en las primeras horas del miércoles, y cuando aún era difícil dimensionar lo que estaba sucediendo y lo que vendría, el gobernador planteó la “necesidad de buscar mecanismos para llevar adelante los reclamos sin que se interrumpan la educación, la seguridad y el transporte”. E insistió con que “no se pueden dejar de prestar los servicios públicos por más legítimo que sea el reclamo” y habló de “analizar carriles de reclamo con los que no se perjudique a la gente”.

Esa vía, según interpretó Busso, “podría canalizarse a través de una instancia legislativa”. “Una ley en ese sentido es algo pendiente y le brindaría a garantías a la gente. Es una posibilidad para 2014”, estimó.

Apoyo hay. El Gobierno no está solo en esto. En un comunicado, el Grupo de Entidades Empresarias (G6) pidió “erradicar o encauzar las recurrentes metodologías de reclamos salariales, en aquellos servicios públicos esenciales para el desenvolvimiento de la convivencia ciudadana, que implican prácticas extorsivas, o tomar de rehén a la población en su conjunto o afectar derechos colectivos superiores a los que se reclaman”.

En línea con lo planteado por De la Sota, la organización exhortó a trabajar “sin dilaciones” en un “un amplio consenso social y político” que no afecte “el derecho a la protesta y a la libertad de expresión”.

Incluso, para el caso puntual del conflicto policial, el G6 incluyó un tema polémico para la Provincia como lo es la sindicalización de la Policía, al proponer “analizar los casos existentes en otros países sobre modalidades de sindicalización de los trabajadores de las fuerzas de seguridad y evaluar las reales posibilidades de adopción de alguno de estos mecanismos en Córdoba, sin que ello resienta la necesaria verticalidad jerárquica de la fuerza ni el carácter de servicio esencial, insustituible e ininterrumpido de la policía”.

La idea de generar un escudo protector contra huelgas totales no es nueva y cuenta con la venia del intendente Ramón Mestre. En campaña, prometió impulsar una ordenanza para garantizar guardias mínimas en todas las reparticiones. Luego, ya en la Municipalidad, intentó declarar servicio esencial al transporte, como una solución a la intransigencia de la UTA cada vez que deja de a pie a miles de cordobeses. No logró imponer ninguna de las dos propuestas. El gremio dice que la disposición es “inconstitucional”, ya que vulnera su derecho a huelga.

José Manuel de la Sota - Gobernador de Córdoba- No se pueden interrumpir la educación, la salud o la seguridad. Hay que buscar mecanismos para reclamar sin perjudicar a quienes con sus impuestos pagan los servicios.

Sergio Busso - Jefe de bloque de UPC- El gobernador habló de instalar el debate, que podría canalizarse a través de una instancia legislativa. Es algo que está pendiente y que le daría garantía a los ciudadanos.

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Se mueve el tablero en el Gabinete. Luego de la fuerte crisis policial de la semana pasada, los cambios en el elenco del Gabinete provincial están “al caer”.

Según trascendió el fin de semana, las modificaciones llegarían en los próximos días, en una movida de piezas que tendría como principal perjudicado al Jefe de Gabinete de Córdoba, Oscar González, muy cuestionado por su actuación durante la crisis.

El intendente de San Francisco, Martín Llaryora, estuvo en las últimas horas negociando su ingreso al Gabinete como nuevo ministro de Industria, en reemplazo de Jorge Lawson, quien se convertiría en el nuevo jefe de Prensa de la Gobernación, en lugar de Fernando Aimaretto.

El ex diputado nacional Francisco Fortuna también volvería a ocupar un lugar en la “mesa chica” del gobernador José Manuel de la Sota, como ministro de Salud, desplazando a Carlos Simon. Los cambios también contemplarían la fusión de algunos ministerios, y la conversión en Secretarías de otras carteras menores.