Una iniciativa surgida del área de Programas de Protección Comunitaria propone crear en el ámbito de la Municipalidad de General Pueyrredon un Observatorio de la Violencia y del Delito. Al explicar los fundamentos del proyecto, el coordinador de dicha dependencia, César Ventimiglia, dijo a este medio que "además de que contamos con la cooperación del Instituto Latinoamericano por la Seguridad y la Democracia (Ilsed), articulamos esfuerzos con la Facultad de Derecho, con el Colegio de Abogados, con el Poder Judicial y con la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Según Ventimiglia, algunas de las dificultades con las que tropiezan la Criminología y en particular la Política Criminal, están dadas por la escasa fiabilidad de las estadísticas del delito y por la falta de información acerca de la violencia y sus causas.

Con relación a lo primero manifestó que "de la totalidad de los delitos que se cometen, los de menor entidad no ingresan al sistema penal para su tratamiento; debido a que las víctimas por lo general no los denuncian y a que los órganos de investigación o persecución penal no actúan de modo oficioso, carecen de registro oficial, total o parcialmente; sin embargo -aclaró- hay delitos como el robo de la rueda de auxilio que son denunciados ante las compañías aseguradoras; esto hace que la fuente de información confiable sea una empresa de seguros y no la Policía o la Justicia; es lo que llamamos la cifra negra del delito", afirmó.

En cuanto a la base de operatividad del Observatorio expresó que "debería ser un reservorio informático (base de datos) llamado a contener la totalidad de la información sensible, de la que habrán de valerse todas las agencias que integren el sistema; esto -añadió- posibilitaría adecuar sus acciones a las políticas públicas y privadas de seguridad que permitan elaborar políticas concretas en orden a reducir los índices de violencia".

Información sensible

Al abundar en detalles respecto de lo que se considera información sensible sostuvo que "es la referida a los indicadores demográficos, de salud, de educación, de condiciones de vida, de trabajo, de ingreso y gasto público, de participación comunitaria en seguridad, de prevención social de la violencia, de delitos, de victimización, de operatividad de los subsistemas policial, judicial y penitenciario y de desenvolvimiento de la seguridad privada".

El funcionario dijo luego que "en el Observatorio de la Violencia y el Delito deberán estar representadas la totalidad de las agencias públicas que produzcan y tributen información sensible: ONGs, Foros Vecinales y otro tipo de organizaciones con atinencia a dicha problemática".

Añadió: "la configuración multi-agencial y multi-actoral que va adquiriendo la política criminal, fruto del cambio de concepciones acerca de la problemática de la seguridad pública, ha puesto de manifiesto que la información sensible, que es base de cualquier toma de decisión o formulación de políticas, se integra no solamente con las frías estadísticas del crimen sino también con la totalidad de los indicadores sociales y económicos que son aptos para reflejar y prevenir fenómenos de violencia de distinta intensidad".

Más tarde sostuvo que "en un Estado Social y Democrático de Derecho como es el nuestro, sólo es posible diagramar y plasmar un programa de seguridad en tanto y en cuanto respete el principio de responsabilidad entre representantes y representados, que es base del sistema republicano de gobierno, y sea compatible con los estándares de derechos humanos a los que nuestro país se comprometió internacionalmente".