Mediante un proyecto que fue remitido al cuerpo legislativo, se conoció que el Departamento Ejecutivo pretende que la Cooperativa Integral (Coopi), que es la actual prestataria, se haga cargo del abastecimiento, potabilización y distribución del fluido durante quince años.

Dejando atrás los enfrentamientos registrados durante el año pasado y mediante la modalidad de contratación directa, las autoridades municipales quieren que la Coopi siga al frente de las tareas; por lo que destacaron la labor realizada por la entidad a lo largo de las últimas décadas y pidieron al Concejo de Representantes que "avale" el nuevo contrato.

Con numerosas similitudes con respecto a los últimos acuerdos, este nuevo convenio se enmarcará dentro de una planificación "a largo plazo" que se comprometieron a llevar a cabo el intendente Carlos Felpeto y los titulares del Consejo de Administración de la cooperativa; durante diversos encuentros que llevaron a cabo en las últimas semanas.

Así es que, en caso de aprobarse la propuesta, la Coopi tendrá a su cargo la captación, potabilización, conservación, almacenamiento, transporte y distribución del agua para bebida, higiene y uso de la población. Al tiempo que también deberá llevar a cabo la concreción de las obras necesarias para "garantizar" la calidad y cantidad de la prestación; que -según informaron anoche fuentes consultadas del Palacio "16 de Julio"- se expresará dentro del contrato de la siguiente manera: "La entidad prestadora estará obligada a planificar, proyectar y conservar las obras e instalaciones necesarias para captar, regular, conducir, potabilizar, almacenar, distribuir y proveer el agua potable en los puntos de toma de los usuarios".

En contrapartida, la Coopi estará facultada a celebrar convenios "con personas físicas o jurídicas, internacionales, nacionales, provinciales o municipales, privadas o públicas, con el fin de lograr asistencia técnica, jurídica y económica y transferencia de tecnología para el cumplimiento de sus fines". Al tiempo que, a modo de garantía, se determinó que la entidad deberá efectuar un depósito anual de $250.000 a nombre del municipio, que -de no cumplirse- podría ocasionar la rescisión del contrato y la aplicación de sanciones económicas.

Una vez que se apruebe este nuevo acuerdo, la concesionaria presentará ante los legisladores el llamado "Plan Director de Abastecimiento", que constituirá un marco general para el desarrollo del servicio y su infraestructura. Dentro de esta planificación, deberá proyectarse la demanda del recurso hídrico en un plazo de veinte años, con períodos de planificación quinquenal, verificando la capacidad de la infraestructura existente.

Mientras que también se materializará, en el plazo de 180 días desde la aprobación del contrato, un "estudio base de la estructura de costos del servicio a los fines de determinar el Nivel General de las Tarifas en Equilibrio (NGTE) que regirá durante el plazo de concesión, debiendo ser revisada trienalmente" por la comisión de control de Obras y Servicios Públicos (que resulta una de las instituciones creadas por la Carga Orgánica Municipal).