En la Legislatura de Tucumán se presentaron dos proyectos para adherir a la provincia a la Ley Nacional N° 26.370, que regula los espectáculos públicos y el trabajo del personal de seguridad afectado a esos eventos.
Los proyectos tomaron estado parlamentario una semana después de que tomara estado público la denuncia de una joven contra el boliche “Santa Diabla” por supuesta discriminación. El caso es impulsado por Mariana Sánchez quien llevó su caso ante el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). La presentación apuntó contra Juan Lombardo, encargado de seguridad del boliche, quien habría impedido el ingreso al local argumentando derecho de admisión. También, esta semana, trascendió el caso de Melina Yacumo quien dijo haber sufrido una situación similar.
La ley a la que buscan su adhesión los proyectos que tomaron estado parlamentario establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general, para empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos públicos. Salim, en forma expresa, propone crear un registro provincial de “patovicas” y de las empresas que prestan ese servicio en toda la provincia. El otro proyecto deja librada la aplicación de la norma a la reglamentación que realice el Poder Ejecutivo.
Según los legisladores, “muchas veces por falta de conocimiento el personal de seguridad o el encargado del lugar aplican el derecho de admisión simplemente por los prejuicios que se tienen de una persona sin tener un justificativo valedero”.
Las dos iniciativas serán debatidas en comisión y el texto final podría llegar al recinto para su sanción durante noviembre, según fuentes parlamentarias.


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