Ya resulta una tradición en nuestra provincia que la quema de cañaverales en cada época de zafra provoque serios daños y trastornos no sólo en el ambiente, sino también complicaciones en materia sanitaria. Y también son tradicionales las explicaciones que brindan las autoridades ambientales a la hora de referirse a la situación.

En este sentido, en la jornada de ayer y ante los nuevos casos suscitados en los últimos días en las zonas Este y Sur de la provincia, el secretario de Medio Ambiente local, Alfredo Montalván defendió los controles que se llevan a cabo para tratar de menguar los efectos negativos que trae aparejada esta práctica.

Así, el funcionario sostuvo que los sistemas de controles cuentan con "programas de educación ambiental, con la presencia permanente de personal en el campo cada vez que hay incendios, además hacemos recorridos en las rutas junto a Defensa Civil", indicó Montalván, en declaraciones a la emisora radial LV7.

Sin embargo, y ante los incendios en campos que se producen casi diariamente, el secretario del área reconoció que "el tema de la quema de caña y de pastizales tiene consecuencia ambientales y es un delito penal, por eso estamos trabajando articuladamente con la idea que cada uno asuma el rol que le corresponde".

Montalván manifestó, a modo de justificar el porqué de la proliferación de dichos focos ígneos, sobre todo en el Interior de la provincia, que "es un tema que también tiene consecuencias culturales porque el hombre aprendió a prender fuego porque queman hojas, basuras, pastizales y caña".

Vale recordar que la ley provincial 7.479 prohíbe este tipo de práctica en todo el territorio tucumano, por lo que el funcionario hizo mención a las sanciones que se aplican en los caso donde se detecta la infracción. "Muchos de los casos están con proceso de multas que superan los 100.000 pesos, esto tiene que ver la cantidad de elementos que se detectan en el momento. Si no la pagan, van a la justicia", aseguró.

Paralelamente, Montalván sostuvo que "en el último año hubo detenciones, pero todo tiene que ver con que las comisarías tomen las denuncias y que actúe la fiscalía de turno".

Al respecto, y como lo adelantara EL SIGLO en su edición de ayer, con la intención de poner freno a esta situación, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, inició de oficio una causa penal a los fines de constatar la posible comisión de delitos previstos en leyes nacionales (Entorpecimiento de Transportes y Servicios Públicos, en este caso, el de energía por la afectación a la red de cableados de alta tensión, o violación a la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos).

En tanto, organizaciones ambientalistas criticaron la iniciativa propuesta por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA-Famaillá), organismo que propicia que la quema de caña sea realizada solamente por los pequeños productores debido a que muchos no pueden (o no quieren) recurrir a un mecanismo de cosecha integral y a contratar mano de obra para que sea manual el procedimiento. "Nosotros defendemos la preservación del medio ambiente, ellos (los productores) seguramente le dan prioridad a la producción, y vemos totalmente desacertados cualquier proyecto que incluya la quema. Desde el gobierno nos mandan información de los problemas que tienen que superar los centros asistenciales debido a las infecciones respiratorios, seguramente la quema incrementa este índice y tira por tierra todo el trabajo realizado. Permitir la quema de caña es como dormir en una habitación con un bracero encendido, quemando el oxígeno: ya sabemos los resultados", sostuvo Pedro Martínez, referente de Conciencia Ambiental.