En el juicio oral y público el excomisario Caimi había sido condenado a 7 años de cárcel de efectivo cumplimiento. Los expolicías D´Horta y Vázquez recibieron penas de 5 años de prisión y el comerciante Rosendo Pardiñas, 4 años de cárcel. Todos condenados por unanimidad por asociación ilícita. La menor pena fue para Fabián Acuña, condenado sólo por el intento de robo: 3 años de prisión condicional.

Con la calificación dictada por la Cámara Penal, se deberán pedir nuevamente las penas. Pero el artículo 44 del Código Penal indica que “si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al mínimo legal o eximirse de ella”. De esta forma, la nueva pena no sería efectiva. Por esta razón, la mañana de ayer los condenados que cumplían prisión preventiva recuperaron su libertad.

Báez con Ruffa

El fiscal jefe de Madryn, Daniel Báez, se reunió con el subsecretario de Justicia de la Provincia, Federico Ruffa, para discutir la sentencia de la Cámara Penal. “No hacen otra cosa que poner una ficha más al descrédito del Poder Judicial”, afirmó Báez, quien recibió en su despacho al funcionario para interiorizarse sobre la modificación de la condena.

Báez se refirió a la modificación de la calificación y la libertad de los imputados. “Pareciera que el Tribunal de Juicio, que condenó por asociación ilícita y dictó 7 años de prisión para Caimi, se equivocó al igual que los fiscales. No puedo entender que sean tantos jueces, con distintas conformaciones, que sistemáticamente vengan equivocándose en los fallos que se aplican, ya que después las Cámaras sistemáticamente reducen las penas o modifican la calificación y no hacen otras cosa que poner una ficha más al descrédito generalizado que existe sobre el Poder Judicial”.

Por su parte, Pablo Pugh, defensor de Caimi, criticó todo el proceso judicial y centró sus quejas en el accionar de la Fiscalía. “Estamos contentos con el resultado”, dijo el letrado particular, quien remarcó: “para nosotros esto es algo definitivo”. El cambio de calificación que otorgó la Cámara Penal, que revisó la condena de los detenidos, permitió acelerar los tiempos y que recuperasen su libertad.

“Caimi pasó más de 600 días privado de su libertad y la norma de fondo establece que cuando la expectativa de pena prevista es menor a los 3 años, con 8 meses cumplidos puede solicitar la libertad anticipada ante de la cesura de pena”. Pugh adelantó que solicitará la absolución de todos los cargos para su defendido. Esta petición se fundamentará en “elemento que la sentencia que se dictaminó por el tribunal en noviembre es nula. Esto por una serie de agravios que se han cometido y nosotros sostuvimos como ser las escuchas telefónicas donde quedan en actos preparatorios y que las mismas fueron inconstitucionales. Nosotros vamos a seguir sosteniendo la inocencia de Caimi”.

Con el derrotero vivido a lo largo de todos estos meses, desde el 2 de septiembre de 2011 cuando las cinco personas fueron detenidas, el penalista Pugh cuestionó todo el proceder de la Fiscalía en el caso. “Desde que comenzó hemos ventilado una serie de irregularidades en la forma en que se procedió en el inicio de la causa. Cuando se toma conocimiento de la posible comisión de un delito, el Ministerio Público Fiscal debió prevenir el delito porque con la vigilancia del cajero se hubiera evitado toda esta pantalla mediática que sirvió para que el fiscal (Báez) tuviera una situación privilegiada en los medios”, dijo el defensor.

Asimismo remarcó que “Caimi no fue detenido, como lo sostuvimos en los alegatos, en Puerto Pirámides porque nunca fue. Sin embargo, desde Madryn fue igual condenado cuando estaba a más de 100 kilómetros del hecho. Para mí no debió llegar a esto porque sólo sirvió para aparezca en las páginas principales de los medios como un hecho escandaloso”. Pugh denunció que “palmariamente se puede ver que fue una causa mediática contra un excomisario que sirvió para decir cuán eficaz era el Ministerio Público”.