Los efectivos habían pedido dinero para no allanar una propiedad. El fiscal especial Daniel Carniello acusó formalmente ayer a los dos auxiliares que seguirán en prisión.
de no realizar un allanamiento en su casa y llevarlo detenido. La imputación fue por el delito de extorsión (ver aparte) y seguirán en prisión, porque se trata de una calificación que no es excarcelable.
Mientras la Justicia continúa en la búsqueda de pruebas para encaminar el caso, desde la cúpula del Ministerio de Seguridad, el ministro
Carlos Aranda aseguró a El Sol: "No va a haber contemplaciones. Se trata de un hecho muy grave".
La detención, el lunes, de los efectivos de Narcocriminalidad no cayó para nada bien en el ámbito de la cartera y también generó un duro
golpe en la división que conduce el comisario Roberto Badrán, quien coincidió con el titular de Seguridad y agregó que se ponía a
disposición judicial por si se necesitaba su aporte para la incorporación de pruebas.
Después de la notificación del fiscal especial, los detenidosprefirieron no declarar y dar su versión de los hechos que les endilgan y, momentáneamente, quedaron encerrados en una celda de
Contraventores.
Fuentes judiciales señalaron que se está esperando un informe del Servicio Penitenciario para determinar en cuál centro de detención
provincial quedarán alojados. "Van a estar varios días en prisión. Si bien se trata de un delito que no es excarcelable, se puede analizar
si pueden recibir la prisión domiciliaria", explicó una fuente judicial consultada por este diario.
Y agregó que no sólo serán investigados por este caso, sino también por otros similares, ya que los pesquisas están tras los pasos de una
tercera persona que habría participado en el cuestionado accionar policial.
Añadieron que las pruebas incorporadas hasta ayer los vinculaban directamente con la denuncia radicada el lunes en la Oficina Fiscal
Nº10, pero que el caso comenzó el viernes a la tarde.
Ese día, un contador-gestor tributario se puso en contacto con investigadores judiciales y dijo que les había pagado 5.000 pesos a dos policías que se lo exigían a cambio de que no le realizaran un allanamiento en su propiedad. Los efectivos, quienes se desempeñaban en Narcocriminalidad pero le dijeron a la víctima que trabajaban en Delitos Económicos, son de apellido Pérez y Boronián.
El gestor precisó en la denuncia judicial que el total que le pedían eran 20 mil pesos.
Los efectivos, relató el contador, le dijeron que sabían que había realizado trámites irregulares para un hombre en la AFIP y Rentas y que si no les pagaba, iba a ir preso.
Sin embargo, Inteligencia Criminal comenzó a ser seguir a los policías, quienes se movilizaban en un VW Bora, y fueron detenidos en
el barrio Kobe, de Maipú, el lunes a las 13. En el vehículo hallaron una orden de allanamiento con la firma del juez federal Walter Bento.
Pero se determinó que el documento era trucho porque los efectivos escribieron el apellido del magistrado con V. Estas, más otras pruebas, fueron suficientes para encerrar e imputar a los efectivos, quienes llevaban en la fuerza seis y siete años.
Ahora se busca a otro partícipe que habría pasado el dato, finalizaron las fuentes consultadas.
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