“Nos parece que esta decisión se tendría que haber tomado mucho antes. Sergio Raponi es una persona con arraigo en la ciudad, es abogado, tiene hijos, tiene compromisos académicos... no existía riesgo ni de que se fugara ni de que entorpeciera la causa”, señaló Manuel Calderón. Es uno de los abogados del propietario del depósito de químicos que explotó el 6 de noviembre pasado en Alta Córdoba, y causó una víctima fatal, decenas de heridos y múltiples daños en viviendas.

Lo señaló luego de que el imputado recuperara la libertad ayer, aunque seguirá imputado y bajo investigación. Tuvo que afrontar una fianza por 10 millones de pesos.

Calderón anunció que la fiscal Eve Flores había dispuesto la excarcelación.

Raponi está imputado por “estrago doloso agravado por el resultado de la muerte de una persona”, figura que tiene una escala penal de entre 8 y 20 años de cárcel. Por el caso también está imputado y en libertad el ingeniero Javier Lagares, que había estado un día preso.

El depósito estaba ubicado en Avellaneda 2971 de Alta Córdoba. Según los datos de catastro que mostró la Municipalidad de Córdoba, la explosión ocurrió en una parcela que no estaba habilitada para funcionar como parte del depósito, ni para guardar elementos inflamables.

La empresa

Raponi Industrial Química SRL se constituyó como sociedad el 22 de septiembre de 2008. Sus socios son Sergio Hilton Raponi y Alejandra María Raponi, con domicilio en Mendoza 3095, barrio Alta Córdoba. Según la habilitación, no estaban autorizados a utilizar productos inflamables. El objeto declarado era: “Fabricación, elaboración, mezclado y/o fraccionamiento de productos químicos específicos para su utilización en la higiene, limpieza y mantenimiento institucional, así como para el uso por el público general.

Estaba habilitada por la Municipalidad para funcionar en las parcelas 6, 8 y 9 de la manzana 57 (Distrito 3, zona 7), que corresponde a ese sector de Alta Córdoba. Pero, según el mapa catastral al que accedió La Voz del Interior, la explosión se produjo en la parcela 10, en la esquina del Pasaje Cordeiro y las vías del ferrocarril. Es decir, en una parcela que no estaba habilitada por el municipio, según la resolución C-029/09 (CPC Centro América). Las fotos satelitales anteriores a la explosión permiten ver el terreno de esa parcela 10, con un techo tapando la mitad, y repleto de bidones azules en la otra parte.