El Juzgado Federal Número II de Tucumán, a cargo de Mario Racedo, dispuso concederle la libertad provisional a Andrea Martha Jiménez, tras fijarle una caución real (la hipoteca de un inmueble de su propiedad) por un valor de 400 mil pesos. Con esta medida, la mujer, que había quedado detenida en 2010 y sigue procesada en el caso, podrá salir de Tucumán, aunque tendrá prohibido viajar al exterior.

La caución real es una institución por la cual el procesado (en este caso Jiménez) obtiene la libertad provisional, afectando inmuebles o depositando sumas de dinero por las que asegura comparecer, las veces que fuera citado por el juez de la causa, como cumplir, eventualmente, con la pena que se le imponga y las costas del juicio.

Fuentes vinculadas a la investigación explicaron a EL SIGLO que se decidió otorgarle el beneficio a Jiménez debido a que, en principio, los delitos que se le imputan son excarcelables.

La maniobra

Jiménez fue detenida en a fines del año pasado, luego de que la Justicia confirmara su participación en 11 operaciones irregulares para la obtención de títulos fiscales, por un monto superior a los 15 millones de pesos. En dichos trámites, la mujer obró como apoderada de distintas empresas "fantasma" (varias ya desaparecidas, otras que nunca existieron y algunas sin capacidad económica como para acceder a los subsidios) y particulares con domicilio en Tucumán.

Al ser interrogada, la mujer aseguró que desconocía estar participado de un hecho delictivo, aunque admitió haber realizado las gestiones (con un poder que se le entregó) ante la Secretaría de Industria de la Nación, que es donde se otorgaban los créditos de fomento.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que Jiménez simplemente habría actuado como testaferro de los verdaderos cerebros de la compleja maniobra, que consistía en la presentación de documentación falsa de empresas "fantasma" para obtener fraudulentamente títulos fiscales de la Nación.

Esos bonos, cuyos montos iban desde los 400 mil pesos a los 2,5 millones de pesos, eran distribuidos en el marco de un programa de subsidios a firmas productoras de bienes de capital (maquinaria) dispuesto por la Secretaría de Industria de la Nación.

Una vez conseguidos ilegalmente, los títulos fiscales eran negociados con terceros, en este caso con corredores de bolsa, que a su vez los vendían a otras firmas que los adquirían para la cancelación de impuestos nacionales (a las Ganancias, Ingresos Brutos e IVA, entre otros).

Según informaron a este diario fuentes vinculadas a la investigación, las firmas corredoras de bolsa que recibieron los papeles nacionales estarían seriamente involucradas en la maniobra ilícita; mientras que las empresas que compraron los títulos de segunda mano, en principio, no tendrían responsabilidad penal.

Avanza la investigación

Con Jiménez libre, ahora la Justicia Federal de Tucumán está detrás de los pasos de quienes, sospecha, serían los ideólogos del millonario fraude contra el erario público.

A mediados de marzo, por orden de Racedo, la AFIP-DGI, con la colaboración de efectivos de la Policía Federal, concretó un allanamiento en la casa de uno de los principales sospechosos (se trataría del dirigente político Guillermo Kuchar del Moral, quien se presentó como candidato en las dos últimas elecciones realizadas en la provincia). En ese domicilio, los inspectores encontraron valiosas pruebas para el esclarecimiento del caso, como sellos "truchos" de empresas "fantasma", boletas falsas, documentación perteneciente a grandes firmas locales y computadoras que contendrían valiosa información.

Fuentes judiciales informaron a nuestro diario que esta semana surgirían importantes novedades en torno a la investigación, a partir de la desclasificación (análisis a fondo) de los elementos encontrados en esa vivienda. Cumplido ese paso procesal, se espera que el Juzgado Federal a cargo de Racedo comience a citar a declarar a los involucrados.