El próximo 25 de junio a las 10 horas se abrirán los sobres de la licitación pública Nº 07/10 denominada “Contratación del servicio de gestión, intimación, recupero y cobranza extrajudicial de créditos municipales por la tasa por servicios urbanos; tasa por alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública; tasa de conservación, reparación y mejorados de la red vial municipal; tasa por inspección de seguridad e higiene; y multas por contravencionales”.

Se trata de la privatización de la recaudación impositiva: el Estado Municipal pretende delegar facultades a manos de empresas privadas que se encarguen incluso de las gestiones de cobro prejudicial de esos tributos.

La intención del Departamento Ejecutivo de privatizar el cobro de tasas a morosos, es llamativa, en cuanto delega funciones básicas del estado, que debiera tener todas las condiciones para ejercer por sí, la potestad tributaria y el poder de policía.

Concretamente, el rol de la empresa consistiría en localizar a los deudores enviándoles cartas, notificaciones e intimaciones. A cambio de este servicio, percibiría un porcentaje de la deuda efectivamente cobrada.

Según se establece en el pliego de bases y condiciones, al cual 0223.com.ar tuvo accceso, la compañía que se quede con este negocio millonario que supera los 200 millones de pesos podrá “efectuar la gestión de cobranza de deudas cuya mora supere los 100 días corridos desde la fecha de vencimiento de la obligación”.

También, se estipula que esta contratación será por el término de 36 meses y con la posibilidad que la Comuna prorrogue este vínculo por otros 24 meses. Con esta decisión, el Jefe Comunal ya comprometería a futuras gestiones municipales.

Privatizar el cobro de las tasas en mora fue una iniciativa adoptada hace varios meses por el intendente Pulti. Inicialmente el gobierno local había manifestado su voluntad de contratar a una firma ligada al Grupo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Mandatos y Negocios, para confiarle esta tarea. No obstante, una vez hecha pública esta intención, hubo objeciones de parte de los bloques de la oposición y partidos políticos, en desacuerdo con la idea de que el servicio se privatice y se concediera a través de un contrato directo. También, se lanzaron duras críticas hacia la empresa Mandatos y Negocios.